1912 1947 1959 1983 1989 1997 2002
Ley Sáenz Peña El 10 de febrero de 1912 se promulga la ley 8.871, más conocida como Ley Sáenz Peña, que instaura el voto universal, secreto y obligatorio, para todos los ciudadanos varones mayores de 18 años nativos o naturalizados. Hasta ese momento las elecciones tenían un muy bajo porcentaje de participación de la población ya que sólo votaba menos del 2% de los ciudadanos habilitados, y debido a las características del acto eleccionario –voluntariedad del voto, necesidad de inscripción a registros electorales especiales y voto cantado– era una práctica común el fraude electoral. El 2 de abril de 1916, en la primera elección presidencial bajo esta nueva ley electoral, fue elegido presidente de la Nación el candidato por la Unión Cívica Radical, Hipólito Yrigoyen.
Reforma universitaria En 1918, los estudiantes de la Universidad de Córdoba inician una rebelión que rápidamente tendrá un importante impacto en América Latina. La creciente clase media comenzaba a pujar por el ascenso social y por el acceso al ejercicio de profesiones liberales, cuya formación hasta ese momento estaba reservada casi exclusivamente a los jóvenes pertenecientes a las clases dirigentes. El 16 de mayo de 1918 los estudiantes de la Universidad de Córdoba formaron un Comité pro-Reforma y casi un mes más tarde, el 15 de junio de 1918, impidieron la designación del Dr. Antonio Nores como nuevo rector y declararon la huelga general. El gobierno de Hipólito Yrigoyen apoyó el movimiento y pronto la reforma se llevó a cabo. Los cambios realizados posibilitaron el cogobierno de estudiantes, graduados y profesores, la renovación de los programas de estudio y la apertura de los estudios superiores a la clase media. A su vez, el líder radical sostuvo la autonomía de la Universidad frente al Estado. El 21 de junio de 1918, en una edición extraordinaria de La Gaceta Universitaria, fue publicado el Manifiesto Liminar, documento redactado por Deodoro Roca que expresa los principales lineamientos de los jóvenes reformistas.
Semana Trágica Entre el 7 y el 14 de enero de 1919 se produjo una de las movilizaciones obreras más importantes de la historia argentina. La huelga general se inició por los conflictos originados en los talleres Vasena: los huelguistas pedían la reducción de la jornada laboral de 11 a 8 horas, el descanso dominical, salubridad laboral y un salario justo, pero fueron duramente reprimidos por el gobierno de Yrigoyen. Además de la represión oficial, actuaron bandas parapoliciales conformadas por jóvenes de las clases acomodadas organizados en la “Liga Patriótica”, que se dirigían a los barrios y a los espacios de organización de los obreros para incendiarlos y destruirlos, todo bajo la mirada cómplice de la policía y los bomberos. Finalmente, el gobierno cedió a gran parte de los reclamos de los trabajadores. El saldo de esa semana se computa en 700 muertos y 4.000 heridos.
Comienzo de la construcción del ferrocarril a Huaytiquina El 12 de marzo de 1921 Hipólito Yrigoyen decreta el inicio de las obras para el ferrocarril Trasandino del Norte. Yrigoyen buscaba modificar las condiciones de desarrollo de la región a través de una unión con Chile que permitiera comunicar a nuestro país con un puerto del Pacífico. Las obras fueron interrumpidas varias veces y recién pudieron concluirse en 1948.
La Patagonia rebelde A fines de 1920 los trabajadores rurales de Río Gallegos comienzan una huelga en reclamo de mejoras en las condiciones laborales, huelga en la que se produjeron actos de violencia entre los manifestantes y la policía. El presidente Hipólito Yrigoyen envió entonces como mediador al teniente coronel Héctor Varela, pero la mediación fracasó por el no acatamiento de las condiciones por parte de los estancieros. La protesta se reinició, declarándose en agosto de 1921 la huelga general en todo el territorio. El gobierno nacional vuelve a enviar a Varela, quien en esa oportunidad realiza una férrea y brutal represión que incluye fusilamientos masivos, torturas e incendios a graneros llenos de huelguistas. Aunque no hay cifras oficiales, se calculan más de mil quinientos muertos entre los trabajadores. El gobierno de Yrigoyen se negó a investigar y castigar estos hechos.
Creación de YPF El 3 de junio de 1922 Hipólito Yrigoyen crea por decreto la Dirección General de Yacimientos Petrolíferos Fiscales y el 19 de octubre de ese mismo año nombra al coronel Enrique Mosconi como su director general. Ya en 1919, Yrigoyen había presentado dos proyectos de ley: uno para definir el régimen jurídico de exploración y explotación del petróleo y otro para la creación de dicha Dirección General. Ninguno de los proyectos fue considerado por el Congreso.
Jornada de trabajo de 8 horas El 12 de septiembre de 1929, durante la segunda presidencia de Yrigoyen, se sanciona la ley 11.544 que establece la jornada de trabajo en 8 horas, o un máximo de 48 horas semanales, aunque aún no se incluyen los trabajos agrícolas, ganaderos y los del servicio doméstico.
Fraude patriótico Desde 1931 y hasta 1943 se estableció un orden político llamado “fraude patriótico”, por el cual los sectores conservadores volvieron a las prácticas del fraude electoral, al que denominaron patriótico, porque, según sus ejecutores, se hacía para salvar a la patria del gobierno de la “chusma”. Como en las épocas previas a la Ley Sáenz Peña, volvieron a votar los muertos, se quemaron urnas y se colocaron matones en las mesas de votación. En esas condiciones se conformó un frente electoral denominado la Concordancia, compuesto por el Partido Demócrata Nacional (también conocido como Partido Conservador), la Unión Cívica Radical Antipersonalista (opositores a Yrigoyen) y el Partido Socialista Independiente. Con un escandaloso fraude en todo el país, la Concordancia ganó las elecciones de 1931 con la fórmula de Agustín P. Justo para presidente y Julio Argentino Roca (hijo) como vice, contra los candidatos de la Alianza Demócrata Socialista, Lisandro de la Torre y Nicolás Repetto. El sistema de fraude patriótico continuó ejerciéndose en las elecciones de 1937 y derivó en un nuevo triunfo de la fórmula de la Concordancia (Roberto M. Ortiz-Ramón Castillo). Antes de que el sistema se pusiese en marcha nuevamente en 1943 para imponer la fórmula de Robustiano Patrón Costas y Manuel de Iriondo, un grupo de oficiales nacionalistas del Ejército perpetrará un nuevo golpe de Estado.
Pacto Roca-Runciman Ante la crisis mundial desatada a partir de la caída de la Bolsa de Nueva York de 1929, en el año 1932 el Reino Unido se reunió con sus colonias y ex colonias para reorganizar su comercio exterior. De esta manera, Inglaterra decidió adquirir los productos que antes compraba a la Argentina, en Canadá, Australia y Nueva Zelanda, perjudicando notoriamente a los sectores ganaderos exportadores que eran parte de la Concordancia que había colocado al presidente de la Nación. El gobierno de Justo envió a Londres al vicepresidente Julio A. Roca (hijo) para llegar a un acuerdo con la corona. El acuerdo fue firmado con el ministro de Comercio británico, sir Walter Runciman. Por el pacto Roca-Runciman, Inglaterra se comprometía a seguir comprando carnes argentinas siempre y cuando su precio fuera menor al de los demás proveedores. En cambio, la Argentina aceptó amplias concesiones de su soberanía: liberó los impuestos que pesaban sobre los productos manufacturados ingleses, se comprometió a no permitir la instalación de frigoríficos argentinos y le otorgó el monopolio de los transportes de la Capital a una corporación británica. A su vez, el pacto contenía una cláusula secreta para la creación del Banco Central de la República Argentina.
Creación del Banco Central El pacto Roca-Runciman firmado entre la Argentina y Gran Bretaña en 1933 disponía entre sus cláusulas secretas la creación de un Banco Central mixto, donde se le otorgaba a la banca privada de capital predominantemente británico el control financiero del país. Ese mismo año, el gobierno argentino le encargó a Sir Otto Niemeyer, director del Banco de Inglaterra, el proyecto para su creación. El 31 de mayo de 1935 se aprobó la ley que puso al banco en funciones. El Banco Central que se creó le impuso al Estado una serie de obligaciones –debía poner la mitad de los capitales, entre otras– pero ningún derecho: no tenía poder de decisión –sólo cinco directores entre doce– ni la capacidad de tomar préstamos para el gobierno nacional, provincial o municipal.
Creación de la FORJA El 29 de junio de 1935 se creó la FORJA (Fuerza Orientadora Radical de la Joven Argentina), movimiento que surgió desde el interior mismo del radicalismo en oposición al régimen instaurado en la Argentina a partir del golpe de Estado de 1930. La FORJA se fundó luego de que el Partido Radical abandonó la abstención electoral mediante la cual pretendía deslegitimar a los fraudulentos gobiernos de la época. Su dirección inicial correspondió a Juan B. Fleitas y Manuel Ortiz y entre sus principales miembros se encontraban Arturo Jauretche, Luis Dellepiane y Homero Manzi. Formada en su mayoría por intelectuales, la FORJA se expresó principalmente a través de publicaciones de edición propia, los conocidos “Cuadernos de FORJA” y manifestaciones callejeras en contra de las medidas del gobierno. Bajo el lema “Somos una Argentina colonial, queremos ser una Argentina libre”, este movimiento tuvo como objetivos principales promover y recuperar el ideario yrigoyenista y reivindicar la soberanía popular y la emancipación nacional tanto económica como política. Luego de su autodisolución en 1945, muchos de sus integrantes pasaron a formar parte de las bases del movimiento peronista.
Asesinato de Enzo Bordabehere Luego del fraude que lo dejará fuera de la contienda presidencial de 1931 y presionado por sus amigos, Lisandro de la Torre aceptó ocupar una banca en el Senado de la Nación en representación del Partido Demócrata Progresista, que había triunfado en Santa Fe. Desde el Senado, en 1933 De la Torre denunció el pacto Roca-Runciman por escandaloso, y dos años más tarde, en mayo de 1935, acusó por fraude y evasión impositiva al frigorífico Anglo. En la denuncia aportó pruebas que comprometían directamente a dos ministros del gobierno: el de Economía, Federico Pinedo, y el de Hacienda, Luis Duhau. El senador De la Torre probó cómo se ocultaba información contable en cajas selladas por el Ministerio de Hacienda y demostró hasta dónde llegaba la impunidad de los frigoríficos ingleses tras la firma del pacto Roca-Runciman. Las implicancias del gobierno y de sus más altos funcionarios en el caso hicieron que se tomara la decisión de asesinar al senador De la Torre. En la sesión del 23 de julio de 1935, en medio de la confusión provocada por la discusión con el ministro Duhau, un matón del Partido Conservador, el ex comisario Ramón Valdez Cora, disparó contra el senador pero mató a su amigo y compañero de bancada Enzo Bordabehere, quien se interpuso entre el asesino y el cuerpo de De la Torre. El autor material del atentado fue condenado a 20 años de prisión, de los que cumplió efectivamente 18. Los autores intelectuales nunca fueron acusados ni condenados.
Jornada de trabajo de 8 horas El 12 de septiembre de 1929, durante la segunda presidencia de Yrigoyen, se sanciona la ley 11.544 que establece la jornada de trabajo en 8 horas, o un máximo de 48 horas semanales, aunque aún no se incluyen los trabajos agrícolas, ganaderos y los del servicio doméstico.
Nacionalización del Banco Central El 25 de marzo de 1946, a instancias del presidente electo Juan Domingo Perón, el gobierno de Edelmiro Farrell sanciona la ley 12.962, por la cual se nacionaliza el Banco Central y todo el sistema bancario argentino. Esta ley transformó fundamentalmente la organización y la política bancaria del país, ya que dispuso la nacionalización de los depósitos bancarios, que en lo sucesivo fueron recibidos por el Banco Central, por cuenta de la Nación. La nacionalización del Banco Central puso en manos del Gobierno nacional, y por lo tanto, bajo su completa responsabilidad, la emisión de la moneda, la regulación del crédito y la fijación de la política de cambios, para lograr un mayor desarrollo económico, manteniendo la ocupación industrial.
Creación del Instituto Argentino de Promoción para el Intercambio (IAPI) El IAPI fue un ente público argentino generado con el fin de centralizar el comercio exterior y transferir recursos entre los diferentes sectores de la economía. Fue creado bajo la órbita del Banco Central por el decreto 15.350 del 28 de mayo de 1946 firmado por el presidente de facto Edelmiro Farrell, aunque esta institución formaba parte del conjunto de medidas que el presidente electo Juan Domingo Perón y su equipo de asesores habían proyectado como sostén de su política industrialista.
Primer Plan Quinquenal La iniciativa del primer gobierno de Juan Perón consta de 27 conjuntos de leyes que establecen una serie de reformas fundamentales de carácter político, social, económico y que abarcan también el ámbito de la administración del Estado. El plan para el período que se extiende desde 1947 a 1951 se divide en dos grandes áreas: “Gobernación del Estado” y “Economía”. Entre los puntos sobresalientes, el plan establece: la concesión de derechos políticos a las mujeres, la extensión de la enseñanza primaria hasta los 14 años, la ampliación de los fueros de la Justicia Laboral a todo el país, un perfeccionamiento de la legislación del trabajo, el acrecentamiento del seguro social y un plan a gran escala para solucionar los problemas de vivienda.
Voto femenino En septiembre se aprobó la ley 13.010 que instauró en la Argentina el voto femenino. Fue tras una larga lucha de feministas y socialistas entre las que se destacan Alicia Moreau de Justo. Eva Perón promovió el proyecto de ley, que fue finalmente aprobado, el cual no sólo garantizaba el acceso al sufragio a las mujeres, sino que también las habilitaba para la postulación de cargos electivos.
Nacionalización de los ferrocarriles El 1° de marzo de 1948 se anuncia la estatización de los ferrocarriles de capital británico. La compra de los ferrocarriles significaba terminar con el drenaje de divisas, recuperar el dominio de las tarifas y del trazado de los ramales, lo que permitiría estimular actividades para lograr desarrollos regionales más equilibrados. Ese día, una multitud rodeó la estación Retiro para festejar la nacionalización de los ferrocarriles. Juan Perón no pudo asistir al acto, pues fue operado de urgencia, afectado por apendicitis. Aclamado por la multitud, el presidente debió transmitir sus palabras por radio desde el Instituto del Diagnóstico.
Universidad Obrera Por medio de la ley 13.229 se creó la Universidad Obrera Nacional (hoy Universidad Tecnológica Nacional). La UON tenía por objeto formar “ingenieros de fábrica”; se pensaba en un perfil profesional más práctico que el de los ingenieros tradicionales y en la posibilidad de que los hijos de los trabajadores pudieran formarse en estudios de educación superior.
Nacionalización del servicio de teléfonos Luego de haberse creado en 1946 la Empresa Mixta de Telefonía Argentina (EMTA) –que reemplazó a la Unión Telefónica– con el rescate de las acciones por parte del Estado, el 18 de marzo de 1948 el gobierno de Juan Perón crea la Compañía de Teléfonos del Estado. Este será, además, el inicio de la etapa más extraordinaria de la telefonía argentina: en pocos años, nuestro país se consolidará como un líder absoluto en América Latina en prestación del servicio telefónico.
Reforma de la Constitución La Constitución Nacional aprobada en marzo de 1949 fue la Constitución social más avanzada del momento. La reforma, que fue impulsada por el presidente Juan Domingo Perón y estuvo basada en el proyecto del constitucionalista Arturo Enrique Sampay, incorporó al más elevado rango normativo los derechos sociales (del trabajador, de la ancianidad, de la familia y de la seguridad social), políticos (de reunión, elección directa del presidente, unificación de mandatos y reelección presidencial) y humanos (hábeas corpus, condena al delito de tortura, limitación de efectos del estado de sitio, protección contra la discriminación racial, benignidad de la ley, y contención de los “abusos de derecho”). Con las normas que se referían a la economía y al papel del Estado en el proceso económico se garantizaba el pleno goce de los derechos socioeconómicos. Precisamente a eso tendían las normas que instituían la protección de la riqueza nacional (nacionalización de los servicios públicos, comercio exterior y fuentes de energía) y su distribución (limitación al abuso del derecho, función social del capital y tierra para quien la trabaja). Previamente, en el preámbulo se ratificaba la irrevocable decisión de constituir una Nación socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana, trilogía de principios que se fijaban como piedra basal de ese nuevo texto constitucional, que también instituía el objetivo de promover la cultura nacional. Esta Constitución estuvo en vigencia hasta el golpe de Estado de 1955. En 1956 fue derogada por una proclama de la dictadura ratificada por la Convención Constituyente de 1957, y a partir de ese momento fue borrada de la historia oficial.
Gratuidad de la enseñanza universitaria El 22 de noviembre de 1949 y mediante el decreto 29.337 se suprimen los aranceles universitarios. Perón fundamenta su decisión en que el Estado debe apoyar a los jóvenes a construir la prosperidad de la Nación: desde ese momento la universidad pública argentina será gratuita. El 21 de noviembre de 2007 el Congreso de la Nación sancionó la ley 26.320 que establece el 22 de noviembre como “Día Nacional de la Gratuidad de la Enseñanza Universitaria”.
Creación de Aerolíneas Argentinas El 7 de diciembre de 1950, mediante el decreto 26.099, Juan Perón crea Aerolíneas Argentinas a partir de la unión de cuatro aerolíneas. Nuestra línea de bandera nace con el objetivo de apuntalar el desarrollo del país. En diciembre de 1951, después de tan sólo un año de operaciones, la Sociedad Interamericana de Prensa la designó como la mejor empresa aerocomercial del mundo, por su eficiente organización y la calidad de sus servicios.
Primera transmisión de TV La televisión en la Argentina se inicia en 1951, respondiendo a una política estatal desarrollada por el gobierno de Juan Domingo Perón. La primera transmisión tuvo lugar el 17 de octubre desde LR 3 Radio Belgrano, con los mismos locutores que hasta el momento trabajaban para la emisora. Con una antena instalada en el Ministerio de Obras Públicas y el discurso de Eva Perón en los actos centrales de la Plaza de Mayo, fue inaugurado oficialmente el pionero Canal 7. Pocas fueron las personas que contaban con aparatos receptores en sus hogares y la novedad fue compartida en bares, cafés y negocios de Buenos Aires entre un público que hasta entonces había sido esencialmente radioescucha.
Bombardeo a Plaza de Mayo El 16 de junio de 1955, tres meses antes del golpe de Estado que derrocaría la segunda presidencia de Juan Domingo Perón, aviones de la Marina bombardearon la Casa de Gobierno, la Plaza de Mayo y sus adyacencias. Durante primeras horas de la mañana, el presidente Perón fue advertido sobre la posibilidad de que el desfile aéreo de la Marina programado para ese día podía ser utilizado para bombardear la sede gubernamental, y por esta razón fue trasladado a su despacho en el Ministerio de Guerra. El ataque comenzó a las 12:40. Las primeras bombas cayeron a unos pocos metros de la Pirámide y el resto impactó sobre la Casa Rosada. Una de ellas destrozó un colectivo repleto de escolares. Al enterarse de los hechos, la CGT convocó a la Plaza a defender a Perón. Para las 13:30 eran cientos los trabajadores que se reunieron a defender su gobierno en la histórica Plaza cuando una nueva oleada de aviones arrojó su mortífera carga de nueve toneladas y media de explosivos sobre la multitud. El atentado terrorista dejó el saldo de 308 muertos y más de 600 heridos, la gran mayoría de ellos civiles. El golpe fue llevado adelante por oficiales y suboficiales de la Armada argentina con el apoyo de un sector de la Aeronáutica. En esta ocasión, el Ejército se mantuvo leal a Perón, aunque tres meses después gran parte de él intervendría en el derrocamiento del gobierno constitucional. El objetivo del atentado era, tras asesinar al presidente de la Nación, instaurar un triunvirato civil integrado por Miguel Ángel Zavala Ortiz (dirigente de la UCR), Américo Ghioldi (dirigente del Partido Socialista) y Adolfo Vicchi (del Partido Conservador).
Aprobación de los contratos petroleros El 24 de julio de 1958, el presidente Arturo Frondizi realizó un discurso en el que explicaba los problemas y las consecuencias que tenía el seguir importando petróleo. El gobierno anunció así “la batalla del petróleo”; el objetivo de esta “contienda” era lograr el autoabastecimiento petrolero “sea como sea”. Con una extraña argumentación “a favor de la soberanía nacional”, prometiendo el “autoabastecimiento” y asegurando que el país no tenía recursos necesarios para un proyecto autónomo, se anunciaba la firma de varios contratos petroleros con empresas extranjeras, entre ellas, la Banca Loeb, la Pan American Oil, la Tennessee Oil, la Esso, la Shell y otras. Muchos miembros de la oposición, e incluso algunos legisladores del oficialismo, se opusieron a los contratos petroleros acusándolos de “entreguistas”. A causa de ello renunció el vicepresidente Alejandro Gómez.
Toma del frigorífico Lisandro de la Torre A fines de 1958, el gobierno del presidente Arturo Frondizi promovió una política de austeridad económica que seguía las propuestas del Fondo Monetario Internacional (FMI). El 14 enero, el Poder Ejecutivo logró que el Congreso, en una tumultuosa sesión, aprobara la privatización del Frigorífico Nacional Lisandro de la Torre, lo que desató la inmediata reacción de sus 9.000 empleados. Los trabajadores, en multitudinaria asamblea, se opusieron a la privatización de su fuente de trabajo, paralizaron sus actividades y el día 15 de enero de 1959 tomaron el establecimiento para evitar su traspaso a la Corporación Argentina de Productores (CAP), una organización controlada por empresarios ganaderos. Muchos habitantes del barrio de Mataderos de la ciudad de Buenos Aires, donde se ubicaba el frigorífico, colaboraron decididamente en favor de los trabajadores en conflicto. El gobierno decretó el estado de sitio y ordenó al ejército reprimir la huelga. En la madrugada del 17 de enero, 1.500 efectivos de la Policía Federal, la Gendarmería y el Ejército ingresaron fuertemente armados con el apoyo de tanques. Los principales dirigentes de la toma fueron detenidos y 5.000 trabajadores de la industria de la carne fueron cesanteados tras la privatización.
Puesta en marcha del Plan CONINTES El 13 de marzo de 1960 el presidente Arturo Frondizi pone en ejecución el Plan Conintes a través del decreto 2628/60. Creado por el decreto secreto 9880/58 del 14 de noviembre de 1958, el Plan Conintes (Conmoción Interna del Estado) habilitaba a las Fuerzas Armadas a reprimir las huelgas y protestas populares y poner a los activistas bajo jurisdicción de los tribunales militares. Su propósito era evitar las huelgas obreras o el abandono de la actividad de los servicios básicos, como la electricidad, el agua y el reciente servicio de gas. Durante su aplicación, las protestas disminuyeron y los dirigentes gremiales se vieron acorralados entre las presiones de los sectores combativos y el riesgo de perder la legalidad que les permitía ejercer el cargo. El plan es considerado un antecedente inmediato de la Doctrina de Seguridad Nacional, el terrorismo de Estado y la represión ilegal que alcanzaría su máxima expresión durante la última dictadura cívico-militar, entre 1976 y 1983.
Anulación de los contratos petroleros La política petrolera desarrollada por el gobierno de Arturo Frondizi tuvo un fuerte repudio de casi toda la población, que no veía con buenos ojos la extranjerización del petróleo. Una vez depuesto el gobierno, en enero de 1963 se realizó una asamblea multipartidaria en la sede del Sindicato Unido de Petroleros del Estado (SUPE), donde se emitió un documento condenatorio de la política petrolera en vigencia. Estaban representados, entre muchos otros, el Partido Justicialista, la Unión Cívica Radical del Pueblo, las 62 Organizaciones, el Movimiento de Unidad y Coordinación Sindical, el Partido Socialista Argentino, el Partido Demócrata Progresista y el Partido Comunista. Con esta fuerza, la anulación de los contratos petroleros se convirtió en tema principal de agenda durante la campaña electoral de aquel año. El candidato que más se comprometió con el tema fue el Dr. Arturo Illia, quien finalmente ganó las elecciones presidenciales. El 15 de noviembre de 1963, apenas un mes después de asumir, el presidente Arturo Illia firmó los decretos 744/63 y 745/63 derogando los contratos petroleros suscritos durante la presidencia de Arturo Frondizi, por ser “nulos, de nulidad absoluta, por vicios de ilegitimidad y ser dañosos a los derechos e intereses de la Nación”. Al firmar estos decretos, Illia cumplió con una de sus promesas de campaña. De esta manera, YPF volvió a ser controlada por el Estado.
Salario mínimo vital y móvil La ley 16.459 regula la aplicación del Salario Mínimo, Vital y Móvil. Uno de sus objetivos más importantes era impedir la explotación de los trabajadores en los sectores más desprotegidos. La ley comprendía las asignaciones familiares (equivalentes en una familia tipo al 30% del salario mínimo, vital y móvil) y otros componentes remunerativos. Estaba destinado a los mayores de 18 años en relación de dependencia, excluidos los empleados domésticos y los empleados públicos provinciales y municipales, excepto que para estos últimos hubiera adhesiones a la norma nacional. Para regularlo, se creó el Consejo Nacional del Salario Mínimo, Vital y Móvil con representación oficial, patronal y obrera, entre cuyas funciones figuraba la actualización anual.
Ley de Medicamentos El 15 de enero de 1964 el presidente Illia envió al Congreso un proyecto de ley impulsado por el ministro de Salud, el salteño Arturo Oñativia, que consideraba que los medicamentos no podían ser tratados como cualquier mercadería porque eran bienes sociales. El proyecto establecía una política de precios y de control de medicamentos, congelando los precios a los vigentes a fines de 1963, fijando límites para los gastos de publicidad y limitando, a su vez, la posibilidad de realizar pagos al exterior en concepto de regalías y de compra de insumos. Apoyándose en profesionales egresados de universidades públicas, el gobierno había descubierto irregularidades en importantes laboratorios. Algunos contaban con un doble juego de libros de contabilidad, mecanismo que les permitía maximizar sus ganancias; en otros casos, se constataron adulteraciones en el contenido de los medicamentos. La aprobación de la ley por parte del Congreso desató la ira de esas corporaciones; un ejemplo de esto último es el bloqueo realizado por Suiza, sede de la casa matriz de varios de los laboratorios internacionales, para la renegociación de la deuda externa argentina con el Club de París en 1965.
Libertad a los presos políticos El 25 de mayo de 1973 se realiza la ceremonia de asunción presidencial del Dr. Héctor Cámpora, con la presencia de varios mandatarios latinoamericanos invitados, entre los que se encontraban el presidente de Chile, Salvador Allende, y el presidente de Cuba, Osvaldo Dorticós. Luego de concentrase en la Plaza de Mayo, los militantes de distintas organizaciones comenzaron a marchar a la cárcel de Villa Devoto reclamando la libertad de los presos políticos. A las 23 horas, y debido a la importante presión ejercida por los miles de militantes que no podían esperar un día más para la sanción de la ley de amnistía, el presidente Cámpora firmó los indultos y los presos fueron liberados. A pesar de no haberse ordenado la represión, esa noche se registraron incidentes entre las fuerzas de seguridad y algunos manifestantes. Como saldo de ellos, dos jóvenes militantes perdieron su vida: Carlos Sfeir, de 17 años, de Vanguardia Comunista, y Oscar Lisak, de 16, de la Juventud Peronista. El sábado 26, el Congreso de la Nación sancionó la ley 20.508 que dispuso una amnistía amplia para todos los delitos cometidos con móviles políticos, sociales, gremiales o estudiantiles.
Masacre de Ezeiza El 20 de junio de 1973 Perón retornaba a la Argentina desde Madrid tras 18 años de exilio. En los bosques de Ezeiza se había preparado un palco y unas dos millones de personas aguardaban la llegada del líder. El lugar estaba custodiado por el coronel retirado Jorge Manuel Osinde, quien tenía la orden de impedir el acercamiento de la izquierda peronista. Cuando las columnas de la FAR y de Montoneros intentaron ingresar, fueron sorpresivamente atacadas a tiros desde el palco por los hombres de Osinde. Hubo 13 muertos y 365 heridos. Por esta razón, este triste episodio de nuestra historia se conoce popularmente como “la masacre de Ezeiza”. Pocas semanas después, el 13 de julio, renuncian el presidente Héctor Cámpora y su vicepresidente Solano Lima con el objetivo de poder realizar nuevamente elecciones para que pueda competir Juan Domingo Perón. La presidencia recayó en Raúl Lastiri, presidente de la Cámara de Diputados y yerno del secretario privado de Perón, José López Rega. El presidente provisional del Senado y primero en la línea sucesoria, Alejandro Díaz Bialet, había sido designado como embajador extraordinario y plenipotenciario para fijar la posición argentina ante la Asamblea General de los países no alineados. El 23 de septiembre se realizaron los comicios y la formula Perón-Perón se alzó con casi el 62% de los votos, llevando a Juan Domingo Perón a su tercera presidencia.
Asesinato del padre Mugica El 11 de mayo de 1974 el padre Carlos Mugica fue asesinado por un comando de la Triple A (Alianza Anticomunista Argentina) en una emboscada cuando estaba por ingresar a su auto luego de brindar una misa. Mugica pertenecía al movimiento de sacerdotes tercermundistas, vinculado a las luchas populares del país en las décadas de 1960 y 1970, y fue el fundador de la parroquia Cristo Obrero en la Villa 31. Conjuntamente con su tarea pastoral en la villa, el padre Mugica fue asesor espiritual de la Juventud Estudiantil Católica del Colegio Nacional de Buenos Aires y de la Juventud Universitaria Católica de la Facultad de Medicina. Debido a su opción por los pobres, concretada en una activa militancia social, y principalmente por su independencia política, recibió críticas de todos los sectores y varias amenazas de muerte y diversos ataques y atentados. La causa por su asesinato está inscrita en una causa por crímenes de la Triple A que fueron declarados de “lesa humanidad” por la justicia federal. En junio de 2014 fue procesado con prisión preventiva por el crimen del padre Carlos Mugica, el ex secretario privado del ex ministro de Bienestar Social José López Rega, Carlos Alejandro Gustavo Villone.
Rodrigazo El 3 de junio de 1975, un día después de asumir como ministro de Economía, Celestino Rodrigo presentó lo que sería el primer mega-ajuste de la historia económica argentina con la fórmula “devaluación y tarifazo”. Con el objetivo de corregir distorsiones de la economía, el gobierno de María Estela Martínez de Perón realizó una devaluación del 160%, un aumento de los combustibles de un 180% y de todas las tarifas públicas en hasta 100%. Las deudas en pesos naturalmente tuvieron una enorme licuación. Los salarios se ajustaron a 45%, lo cual era, de hecho, una brusca disminución del poder adquisitivo. La presión sindical llevó a que luego hubiera nuevos ajustes a favor de los trabajadores, los que de todas formas quedaron licuados porque la inflación se disparó por encima de un 180% anual.
Vuelta de la democracia El 30 de octubre de 1983 hubo elecciones libres en todo el país luego de siete años de la dictadura más cruel que vivió la Argentina. Resultó electo el candidato de la Unión Cívica Radical, el Dr. Raúl Alfonsín, quien asumió la Presidencia de la Nación el 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos.
Teoría de los dos demonios El 13 de diciembre de 1983, a tres días de haber asumido, el presidente Alfonsín firmó los decretos 157 y 158, los cuales ordenaron el procesamiento de las cúpulas guerrilleras del ERP y Montoneros y de los comandantes de las primeras tres juntas militares. Si bien esta medida fue el comienzo del proceso por el cual se producirá el Juicio a las Juntas, también fue el comienzo de la instalación de la “teoría de los dos demonios”, por la cual las acciones de los grupos guerrilleros se equiparaban a los delitos de lesa humanidad perpetuados por las fuerzas de seguridad.
Creación de la CONADEP (Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas) El 15 de diciembre de 1983 el presidente Raúl Alfonsín crea, mediante el decreto 187/83, una comisión asesora para que investigue graves, reiteradas y planificadas violaciones a los derechos humanos llevadas a cabo por la dictadura militar autodenominada Proceso de Reorganización Nacional. La comisión recibió varios miles de declaraciones y testimonios y verificó la existencia de cientos de lugares clandestinos de detención en todo el país. El resultado de toda esa investigación fue entregado el jueves 20 de septiembre de 1984 al presidente Alfonsín. El voluminoso informe final, de varias carpetas, registraba la existencia de 8.961 desaparecidos (cifra que reúne solo las denuncias recibidas por la CONADEP, aunque se estima que el número de detenidos desaparecidos es de más de 30.000 personas) y de 380 centros clandestinos de detención. La detallada descripción realizada permitió probar la existencia de un plan sistemático perpetrado desde el gobierno mismo. Este informe final fue publicado en forma de libro bajo el nombre de Nunca Más. En el prólogo, se profundizó el mensaje del gobierno sobre “la teoría de los dos demonios” ya que en su inicio menciona que “durante la década del 70 la Argentina fue convulsionada por un terror que provenía tanto desde la extrema derecha como de la extrema izquierda”.
Tratado de Beagle El 29 de noviembre de 1984 se firma en el Vaticano el tratado de paz entre la Argentina y Chile, poniendo fin, luego de más de dos tercios de siglo, a la disputa por el Canal de Beagle. Tras una consulta popular, el parlamento argentino aprueba el acuerdo con Chile, impulsado por el presidente Raúl Alfonsín, que puso fin al diferendo limítrofe que estuvo a punto de llevar a la guerra a ambos países en tiempos en que los dos eran gobernados por dictaduras.
Juicio a las Juntas Fue el proceso judicial en la justicia civil en contra de las tres primeras juntas militares de la dictadura autodenominada Proceso de Reorganización Nacional, debido a las graves y masivas violaciones de derechos humanos cometidas en ese período. El 4 de octubre de 1984 la Cámara Federal, un tribunal civil, toma la decisión de desplazar al tribunal militar que estaba enjuiciando a las juntas para hacerse cargo directamente del juicio. Los fiscales fueron Julio César Strassera y Luis Gabriel Moreno Ocampo. El juicio se realizó entre el 22 de abril y el 14 de agosto de 1985. Se trataron 281 casos. El 9 de diciembre se dictó la sentencia condenando a Jorge Rafael Videla y Eduardo Massera a reclusión perpetua, a Roberto Viola a 17 años de prisión, a Armando Lambruschini a 8 años de prisión y a Orlando Ramón Agosti a 4 años de prisión. Por las características que tuvo la condena a las juntas militares, realizada por un gobierno democrático, constituyó un hecho sin precedentes en el mundo, que contrastó fuertemente con las transiciones negociadas que tuvieron lugar en aquellos años en Uruguay, Chile, Brasil, España, Portugal y Sudáfrica.
Ley de patria potestad compartida El 25 de septiembre de 1985, durante el gobierno de Alfonsín, se restableció la patria potestad compartida, mediante la ley 23.264. En la Argentina, la patria potestad compartida había sido establecida en 1949, mediante la reforma constitucional realizada ese año, que garantizaba la igualdad jurídica del hombre y la mujer. La derogación de dichas reformas por proclama militar en 1956, y la ratificación de dicha derogación por la Convención Constituyente de 1957, restableció la desigualdad de la mujer frente al hombre por varias décadas más. En 1974 el Congreso volvió a establecer la patria potestad compartida, pero la presidenta María Estela Martínez de Perón vetó la ley.
Ley de Punto Final La ley 23.492 fue promulgada el 24 de diciembre de 1986 por el entonces presidente Raúl Alfonsín. La ley de Punto Final estaba dirigida a concluir con las investigaciones por los crímenes ocurridos durante el terrorismo de Estado y a lograr la impunidad de quienes no fueron citados en el plazo de 60 días que el texto legal estipulaba. Esto significó un importante retroceso en materia de derechos humanos ya que paralizó gran parte de las causas que se estaban tramitando en la Justicia.
Alzamiento carapintada de Semana Santa A pesar de haberse sancionado la ley de Punto Final en 1986, el punto 30 de la sentencia del Juicio a las Juntas de 1985 habilitaba a seguir los procesos judiciales contra los mandos medios de las Fuerzas Armadas, lo que generaría un crecimiento de la convocatoria a Tribunales de los oficiales y suboficiales involucrados en el terrorismo de Estado, y un fuerte malestar entre estos. En este escenario, el 16 de abril de 1987 el teniente coronel Aldo Rico, acompañado de un grupo de militares conocido como los “Carapintadas”, se amotinaron en Campo de Mayo resistiendo la citación que la Justicia le hiciera al mayor Barreiro. Los insurrectos exigían el cese de la campaña de los medios de comunicación contra las Fuerzas Armadas y la elección de un nuevo Jefe del Estado Mayor del Ejército, entre otros pedidos. Como respuesta, en todo el país el pueblo salió a las calles y a las plazas para expresar su apoyo al gobierno constitucional y su repudio a la actitud de los militares. Luego de varios intentos para solucionar la crisis, fue el mismo Alfonsín quien tuvo que hacerse presente en Campo de Mayo para lograr que Aldo Rico depusiera su actitud. Como resultado de la negociación, se produjo el desplazamiento del general Héctor Ríos Ereñú como Jefe del Estado Mayor y su reemplazo por el general José Dante Caridi y, poco después, el envío al Congreso del proyecto de ley de Obediencia Debida.
Ley de Obediencia Debida El 4 de junio de 1987, pocos meses después del alzamiento carapintada de Semana Santa, el Congreso de la Nación aprueba la ley 23.521, conocida como ley de Obediencia Debida. El proyecto impulsado por el presidente Raúl Alfonsín establecía una presunción iuris et de iure (es decir, que no admitía prueba en contrario) respecto de que los delitos cometidos por los miembros de las Fuerzas Armadas no eran punibles, por haber actuado en virtud de la denominada “obediencia debida”, concepto militar según el cual los subordinados se limitan a obedecer las órdenes emanadas de sus superiores.
Ley de divorcio vincular El 3 de junio de 1987, a pesar de la oposición de los sectores más tradicionales y luego de diez meses de debates, el Senado aprueba la ley 23.515 de divorcio vincular impulsada por el gobierno radical. En la Argentina, el Código Civil de 1869, y luego la ley 2.393 de matrimonio civil sancionada en 1888, establecieron la indisolubilidad del vínculo. Existía el divorcio, pero este habilitaba la separación física sin restituir la aptitud nupcial. Esta situación sólo fue modificada brevemente en 1954 a partir de la sanción de la ley 14.394, que en su artículo 31, además del divorcio vincular para los casos de ausencia con presunción de fallecimiento, introdujo el instituto para aquellos casos que hubieran obtenido la separación de cuerpos con al menos un año de antelación, aunque la misma fue derogada por el decreto-ley 4.070 emitido por la dictadura de Aramburu el 1° de marzo de 1956, que además paralizó todos los trámites iniciados. Recién 31 años después las parejas divorciadas podrán volver a casarse y sus hijos tendrán los mismos derechos que los del primer matrimonio.
Leyes de reforma del Estado y de emergencia económica El 8 de julio de 1989 Carlos Menem asume anticipadamente su mandato como presidente de la República Argentina. El país estaba atravesando una profunda crisis marcada por la hiperinflación, que llevó a que el gobierno radical decidiera adelantar la entrega del mando que estaba prevista para el 10 de diciembre. Menos de dos meses después, el Congreso de la Nación sancionaba dos leyes centrales para el proyecto iniciado por el menemismo: el 17 de agosto y el 1° de septiembre eran sancionadas las leyes 23.696 y 23.697, conocidas como ley de reforma del Estado y ley de emergencia económica. Ambas leyes estaban basadas en la doctrina neoliberal que ese mismo año fue sintetizada en las recomendaciones del Consenso de Washington: achicamiento del Estado, privatizaciones y liberalización de la economía. La ley de reforma del Estado facultaba al Ejecutivo nacional para intervenir todas las empresas y sociedades del Estado y habilitaba el inicio del proceso privatizador, en tanto que la ley de emergencia económica se centró en la reestructuración de la administración pública por la cual se suspendían los subsidios y subvenciones; asimismo, se convocó una comisión para la reforma de la carta orgánica del Banco Central, se suspendieron todos los regímenes de promoción industrial, se suspendió la política de “compre nacional” y se avanzó en el achicamiento de las dependencias del Estado.
Indultos a militares y civiles El 6 de octubre de 1989, a tres meses de haber asumido, el presidente Carlos Menem firma los decretos 1002/89, 1003/89, 1004/89 y 1005/89 que indultan a 220 militares y 70 civiles. El beneficio incluyó a líderes y miembros de los grupos considerados “guerrilleros”, entre ellos, personas que se encontraban muertas o desaparecidas, militares uruguayos, participantes de las rebeliones militares carapintadas de Semana Santa y Monte Caseros en 1987 y de Villa Martelli en 1988, y a los ex miembros de la Junta de Comandantes Leopoldo Galtieri, Jorge Isaac Anaya y Basilio Lami Dozo, condenados por los delitos cometidos en la conducción de la Guerra de Malvinas. Un año después, el 3 de diciembre de 1990, se producirá el último alzamiento carapintada comandado por el coronel Mohamed Alí Seineldín desde su lugar de detención. Ese día, un grupo de poco más de cincuenta militares ocupó el Edificio Libertador, las instalaciones del Regimiento I de Infantería, la fábrica de tanques Tamse en Boulogne, el Batallón de Intendencia 601 de El Palomar y otras unidades. Según los sublevados, sólo exigían la remoción del generalato del Ejército argentino. Las Fuerzas Armadas, encabezadas por el titular del Ejército, declararon su subordinación al gobierno democrático y sofocaron con violencia la rebelión, recuperando los objetivos tomados. El saldo fue de catorce muertos y decenas de heridos; entre los muertos se encontraban cinco civiles que fallecieron al chocar un tanque de guerra con un colectivo de la línea 60. A pocos días del alzamiento, el 30 de diciembre de 1990, el presidente Carlos Menem completaría los indultos, dando la libertad a los miembros de la Junta y otros militares y civiles, varios de ellos condenados a prisión perpetua: Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera, Roberto Eduardo Viola, Ramón Camps, Guillermo Suárez Mason, el ex jefe de la Policía Federal Argentina Ovidio Ricchieri, el ex ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz y al jefe de Montoneros Mario Firmenich. Sólo Seineldín permaneció en prisión a consecuencia de los incidentes, aunque en mayo de 2003 fue indultado por el presidente interino Eduardo Duhalde.
Privatización de YPF y servicios públicos Una tarde de fines de 1989, en la Casa Rosada, el ministro de Obras y Servicios Públicos del gobierno de Carlos Menem, el Ing. Roberto Dromi, anunciaba en una conferencia de prensa el inicio del proceso de privatizaciones en siete sectores estratégicos de la economía. Durante dicha conferencia, el ministro pronunció lo que sería “el primer mandamiento del decálogo menemista: ‘Nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado’”. Este sería el comienzo del desguace del Estado producido durante la década del 90 bajo la doctrina del Consenso de Washington y la tutela de los organismos multilaterales de crédito (FMI, BID, Banco Mundial). La primera privatización fue la de los canales de televisión 11 y 13, que pasaron a manos privadas a partir del decreto 830/89 del 21 de septiembre de 1989. Fueron precisamente los medios de comunicación los que sirvieron para instalar el argumento neoliberal de que era necesario privatizar para que el Estado no se endeudara: en 1989 la deuda externa era de 65.000 millones de dólares y luego de vender todo, la deuda superaba los 110.000 millones de dólares en 1999. Un rasgo distintivo de la época fueron las denuncias por corrupción y por las ventas de las empresas del Estado a precios muy inferiores a sus precios reales. Las privatizaciones incluyeron desde YPF a las empresas de servicios públicos (ENTEL, SEGBA, OSN, Gas del Estado), además de bancos (Hipotecario, Caja Nacional de Ahorro y Seguro); canales de televisión (11 y 13); radios (Belgrano, Excelsior, Córdoba); rutas, puertos y aeropuertos; ferrocarriles; Aerolíneas Argentinas y empresas productivas (SOMISA).
Ley de Convertibilidad El 31 de enero de 1991 asumía al frente del Ministerio de Economía el entonces canciller Domingo Cavallo. En un contexto de hiperinflación que en 1990 había alcanzado el 2314% anual, el 27 de marzo el Congreso de la Nación sancionaba la ley 23.928 sobre el proyecto de convertibilidad elaborado por el ministro. La ley fijó el tipo de cambio en 10.000 australes igual a 1 dólar estadounidense, y luego, en 1992, en 1 peso igual a 1 dólar estadounidense. También se dispuso que el 100% de los billetes y monedas en circulación estuvieran respaldados por reservas en divisas del Banco Central, al cual se obligaba a comprar o vender la cantidad de divisas que el mercado solicitara. De este modo, para hacer frente a los gastos corrientes del Estado, el país debía conseguir dólares, que naturalmente no fabrica, y de los que se hacía fundamentalmente con la adquisición de deuda externa ante el FMI y otros organismos multilaterales de crédito. La producción nacional vio destruida su competitividad ya que, con esta ficción, era más barato traer una máquina íntegramente importada que fabricarla en la Argentina. Los productos importados resultaban comparativamente baratos, y llegaban al país todo tipo de manufacturas que repercutían directamente en el cierre de fábricas y demolición de los puestos de trabajo; así, la economía argentina se concentraría en un pequeño sector agroexportador y en el sector servicios. Con la convertibilidad, el desempleo pasó del 6.9% al 25,4% en una década. Sólo la clase media podía acceder a niveles de consumo superior por la posibilidad de un dólar “barato” que se destinaba al turismo y bienes suntuarios, pero al costo de un subsidio encubierto pagado por los millones de argentinos que pasaban hambre y se hundían en la miseria.
Ley de Cupo Femenino El 6 de noviembre de 1991 el Congreso de la Nación aprueba la ley 24.012, más conocida como ley de cupo femenino, que establece un piso mínimo de participación del 30% de mujeres en la composición de las listas electorales. Siguiendo la tradición de reconocimiento de derechos iniciada en 1947, con esta medida la Argentina se convirtió en el primer país del mundo en garantizar un porcentaje mínimo de candidaturas de mujeres exigible a todos los partidos políticos. Si bien las provincias de Jujuy y Entre Ríos aún no se adaptaron a la disposición, a nivel nacional se supera la exigencia de la ley ya que hoy puede verificarse un 38,5% de representación femenina en el Congreso.
Ley Federal de Educación El 14 de abril de 1993 el Congreso de la Nación sanciona la ley 24.195 que regula integralmente la educación en el país. La Ley Federal de Educación fue la norma más importante que el gobierno de Carlos Menem impulsó en materia educativa y fue también la primera vez que se avanzó con un instrumento normativo que abarcara todos los niveles y modalidades del sistema educativo, con aplicación en todo el territorio. Las reformas impulsadas en la educación estaban en plena sintonía con el plan de achicamiento del Estado llevado adelante por el gobierno de Menem; de hecho, la transferencia a las provincias de servicios educativos primarios, medios y superior no universitario producida por la ley 24.049 sancionada el 6 de diciembre de 1991 estuvo acordada como exigencia de reducción del gasto público en el marco de la negociación de la deuda externa con el FMI ese mismo año. Estos cambios generaron una profunda crisis en nuestro sistema educativo; por un lado, la descentralización provocó una fuerte desigualdad, ya que muchas de las provincias no contaban con los fondos necesarios para hacerse cargo de la gestión educativa, y por otro lado, y más grave aún, la absoluta discrecionalidad que permitía la constitución curricular de los diferentes ciclos provocó un sistema completamente fragmentario y desparejo. El sistema propuesto por la ley comprendía un ciclo de Educación Inicial (de 3 a 5 años de edad, siendo el último obligatorio); Educación General Básica (de nueve años obligatorios, organizada en ciclos); Educación Polimodal (de tres años de educación como mínimo); Educación Superior (comprende universitaria y no-universitaria). La ley, además, desarticula completamente el modelo de escuelas técnicas nacionales. Desde el punto de vista político, la ley consolidó un cambio de paradigma sobre la concepción de la educación, que pasó a ser considerada bajo criterios de calidad, eficiencia y equidad, siendo esta última reducida a políticas focalizadas hacia sectores más desfavorecidos sobre la base de criterios meritocráticos. De esta manera, la educación pasa a considerarse como una mercancía más y no como un derecho. De hecho, uno de los cambios simbólicos más fuertes es la desaparición de la idea de escuela pública, ya que a partir de esta ley las escuelas serán consideradas por su gestión más que por su tipo, que en el caso de la escuela pública es muy significativo ya que lo público supone una matrícula sin restricciones, abierta a todos, y por ende gratuita. La Ley Federal de Educación, en cambio, borra este término: lo público no existe en su texto. El sistema es uno solo con dos tipos de gestiones diferentes, la estatal y la privada.
Nacimiento de las AFJP El 23 de septiembre de 1993 el Congreso de la Nación sancionaba la ley 24.241 de reforma previsional. La ley fue impulsada por el gobierno de Carlos Menem y establecía un cambio sustantivo en los conceptos de seguridad social instalados a lo largo de nuestra historia, ya que, en vez de considerarla como sistema de “solidaridad intergeneracional” y herramienta para la redistribución de ingresos, se instaló la idea de que la previsión social debía ser funcional al fomento del mercado de capitales, a través de un esquema obligatorio de capitalización individual, entendiendo que de este modo se favorecería el crecimiento y se generaría un círculo virtuoso de mayores salarios, mayor ahorro, mejores beneficios futuros. Con la reglamentación de la ley a partir del decreto 1.120/94 del 11 de julio de 1994, el gobierno dio inicio al nuevo Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones que creaba las AFJP (Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones). Las AFJP percibían una comisión, deducida del aporte previsional obligatorio de los afiliados, y administraba la inversión del capital acumulado, con el doble fin de inyectar fondos en el mercado de capitales y obtener una rentabilidad para los ahorristas y para sí misma. Una vez alcanzada la edad jubilatoria, las AFJP debían entregar al afiliado el capital acumulado, en cuotas mensuales, hasta su agotamiento. El sistema significó un enorme negocio para el sistema financiero y una pésima decisión económica para los trabajadores argentinos y nuestro Estado. Por un lado, las AFJP invertían el dinero de los trabajadores y no las comisiones que cobraban, por lo que su capital nunca entraba en riesgo. Con este sistema, la sociedad subsidiaba al sector privado a costa de las cuentas fiscales, situación que derivó en la cesación de pagos de la deuda pública, ya que se derivaron al sistema privado los aportes patronales y personales que hasta ese momento formaban parte de los ingresos estatales. Ahora el Estado debía endeudarse a tasas muy altas con el sistema privado dado su mayor riesgo, causado por el incremento del déficit fiscal y del mayor endeudamiento.
Atentado a la AMIA El 18 de julio de 1994 un coche bomba estalló en la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en el barrio de Once. La explosión dejó un saldo de 85 personas fallecidas y más de 300 heridas y fue el mayor atentado terrorista que sufrió la Argentina aunque no el único. Dos años antes, el 17 de marzo de 1992, una bomba había explotado en la sede de la embajada de Israel causando 29 muertos y cerca de 300 heridos. La investigación por el atentado a la Embajada de Israel, al tratarse de un Estado extranjero, recayó en la Corte Suprema de Justicia, y hasta el momento no hubo ningún condenado. El atentado a la sede de la AMIA quedó a cargo de la Justicia Federal, pero durante los primeros 10 años, la investigación estuvo plagada de irregularidades. El primer Juez de la causa, Juan José Galeano, fue destituido en el 2005 luego que se comprobaran varias acciones para entorpecer y desviar la investigación, como fue el pago de una coima - con fondos provenientes de la ex SIDE - a un imputado, el armador de autos Carlos Telleldín que fue acusado de haber vendido la camioneta Traffic con la que se realizó el atentado, para que involucrase a otros imputados en su declaración. A partir del año 2003 la causa tomo nuevo impulso y pasó a convertirse en política de Estado. En el mes de junio, a días de haber asumido, el Presidente Néstor Kirchner instruye la apertura de todos los archivos de los organismos de inteligencia y desclasifica toda la información respecto de la AMIA. También releva a todos los agentes de inteligencia de su obligación de guardar secreto para que pudieran ir a declarar a Tribunales. En el mes de diciembre la Cámara Federal nombra al Juez Rodolfo Canicoba Corral a cargo de la causa y desplaza y procesa a los fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia. El 2 de septiembre de 2004 el Tribunal Oral Federal N°3 dictaminó la nulidad del proceso dejando en libertad a todos los detenidos hasta el momento. A raíz de ese fallo, el día 13 de septiembre la Procuración General de la Nación creó la Unidad Fiscal especial para actuar de manera conjunta o alternativa con las fiscalías que correspondan en la tramitación de la causa AMIA. Esta Unidad Fiscal fue fortalecida con importantes recursos para el desarrollo de su tarea y el 25 de octubre de 2006 formuló una acusación formal contra el gobierno de la República Islámica de Irán de ser el autor intelectual del atentado y a la agrupación terrorista Hezbolá de ejecutarlo. Desde entonces, el gobierno nacional ha implementado innumerables medidas para ayudar a esclarecer este atentado terrorista y poder tomar declaración a los ciudadanos iraníes denunciados. Durante seis años, desde el año 2007 al 2012 el Estado Argentino reclamó anta las Naciones Unidas que la República Islámica de Irán coopere judicialmente para que juez de la causa pudiera tomar declaración a los acusados. En el año 2013, en un nuevo intento para descubrir la verdad, la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner impulsa la firma un Memorándum de entendimiento Argentina-Irán sobre los temas vinculados a la causa AMIA. El memorándum firmado constaba de nueve puntos entre los cuales se destaca la creación de una Comisión de la Verdad compuesta por juristas internacionales para cooperar con la investigación. Pero el punto más importante es que se establecía que el juez de la causa podría tomar declaración de los ciudadanos iraníes sospechados. La Presidenta lo calificó como «un hecho histórico» y consideró que serviría para avanzar en la investigación del atentado a la AMIA. El memorándum fue aprobado por el Congreso de la Nación Argentina bajo la ley N° 26.843. y aún no ha sido ratificado por el Parlamento de la República Islámica de Irán. Hoy, a casi 21 años del atentado, aún no hay ningún condenado, ni por la causa principal ni por el posterior encubrimiento.
Reforma constitucional El 14 de noviembre de 1993 el presidente Carlos Menem y el ex presidente Raúl Alfonsín sellaron un acuerdo para la reforma de la Constitución Nacional. Conocido como “Pacto de Olivos” –por haberse celebrado en la residencia presidencial–, el acuerdo fue rápidamente aprobado por la Convención Nacional de la UCR y por el Congreso Nacional del PJ. La necesidad de una reforma constitucional era una medida que diversos sectores políticos impulsaban desde el retorno de la democracia, aunque con diversos enfoques. Es importante señalar que en ese momento se encontraba en vigencia la Constitución de 1853 con las reformas de 1860, 1866, 1898 y 1957, ya que justamente en ese último año fue puesta en vigencia nuevamente por la derogación de la Constitución Nacional aprobada en 1949. El pacto establecía la posibilidad de reelección presidencial, principal reforma impulsada por el oficialismo, que fue acordada por un solo período y con un acortamiento de este de 6 a 4 años. Además se incorporaron diversas mejoras para el fortalecimiento institucional impulsadas por el radicalismo: la elección directa de presidente y vice; la designación de un tercer senador por provincia; la creación del Consejo de la Magistratura con presencia opositora; y la presentación de un proyecto de reforma común entre ambos partidos. También se acordó la postergada autonomía de la Ciudad de Buenos Aires; la regulación de los decretos de necesidad y urgencia; la creación de la figura del Jefe de Gabinete o “ministro coordinador”, como se lo llamó inicialmente; y la extensión del período de sesiones ordinarias del Congreso de 4 a 8 meses. Al mismo tiempo se consensuó la inclusión de los derechos humanos de tercera y cuarta generación: derechos del consumidor, ambientales, de los pueblos originarios y a la información; la validez de los tratados internacionales por sobre las leyes nacionales; la acción de amparo; la acción colectiva y los delitos contra la Constitución. El 29 de diciembre de 1993 el Congreso de la Nación sancionaba la ley 24.309 sobre la necesidad de la reforma constitucional que incluía un núcleo de coincidencias básicas sobre el cual debía orientarse la reforma, además de la convocatoria a la elección para los convencionales que debía realizarse dentro de los 120 días desde su sanción. El 10 de abril se realizaron las elecciones de los constituyentes, en las que sobre un total de 305 constituyentes, 134 correspondieron al peronismo, 74 al radicalismo, 32 a partidos de distrito e independientes, 31 al Frente Grande, 21 al Movimiento por la Dignidad y la Independencia (MODIN), 7 a Fuerza Republicana, 3 al Partido Demócrata Progresista, y otros 3 a la Unión de Centro Democrático (UCeDé). La apertura de la Convención Constituyente se realizó el 25 de mayo de 1994 en la ciudad de Paraná, primera capital de la Confederación Argentina. La Convención sesionó por tres meses entre las ciudades de Paraná y Santa Fe, y luego de arduos debates, el 24 de agosto juró el nuevo texto constitucional en el Palacio San José, en la provincia de Entre Ríos.
Ley de Flexibilización Laboral El 15 de marzo de 1995 se sancionaba la ley 24.465 de flexibilización laboral. El presidente Carlos Menem, en un largo discurso ante la Unión Industrial, presenta esta norma que eliminaba la negociación salarial colectiva para transformarla en negociaciones por empresas, al tiempo que iniciaba la revisión de todos los convenios colectivos –con el argumento de que trababan la creación de empleo–, modificaba el régimen de indemnizaciones y establecía la libre elección de obras sociales. Sin cumplir con ninguno de los objetivos que aparentemente se había propuesto la ley, esta tuvo el efecto de precarizar el empleo y perjudicar a los trabajadores.
Cutralcazo El 20 de junio de 1996, en medio de la crisis por la altísima desocupación producida por las privatizaciones y la destrucción del entramado productivo que provocaron las medidas del proyecto neoliberal encabezado por Carlos Menem, se produjo en Neuquén el “Cutralcazo”, la primera de las manifestaciones populares con una modalidad que pasaría a ser un signo de época: los piquetes. Las poblaciones de Cutral Có y Plaza Huincul, de 57.000 habitantes, presentaban una altísima desocupación que, producto de los despidos por la privatización de YPF y la quiebra de muchos emprendimientos de ex trabajadores exonerados, rondaba el 30%. Los subsidios por desempleo eran insuficientes y unas 1.500 familias sufrían cortes eléctricos y de gas por falta de pago en una de las regiones con mayor capacidad de extracción de gas del Cono Sur. Las medidas de la empresa Repsol-YPF habían contribuido a deteriorar las condiciones de la población, a partir de su política de despidos y rebajas salariales. La cancelación por parte del gobernador de la provincia, Jorge Sapag, de un importante contrato para la instalación de una planta de fertilizantes que reportaría más de dos mil puestos de trabajo originó la reacción popular. Desde emisoras de radio y radiotaxis se coordinará el montaje del piquete en la ruta 22, principal arteria de comunicación vial de la provincia y acceso a la principal torre de la empresa Repsol-YPF. La población acudirá masivamente y se reunirán cerca de 20.000 personas, transformándose en la primera gran manifestación piquetera y pasando a caracterizar la historia de las poblaciones de Cutral Có y Plaza Huincul como símbolo de la hermandad de “la pueblada”. La protesta duró seis días y no pudo ser reprimida a pesar del envío, desde el Ministerio del Interior de la Nación, de 400 gendarmes. Sólo fue levantada ante la presencia del gobernador Sapag, quien se comprometió a aceptar un petitorio, aunque luego ninguna de las demandas de los pobladores fue satisfecha. El 12 de abril de 1997 se produjo el segundo Cutralcazo, acompañando un reclamo de docentes. En esta oportunidad, la represión trajo como consecuencia la muerte a manos de la policía de la joven maestra de educación inicial Teresa Rodríguez.
Carpa Blanca El 2 de abril de 1997 la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) organizó una Carpa Blanca frente al Congreso de la Nación, en donde más de 50 docentes de distintas partes del país iniciaron un ayuno como protesta para pedir la derogación de la Ley Federal de Educación y la sanción de una ley de financiamiento educativo. Recién un año y medio después, el 18 de noviembre de 1998, el Congreso de la Nación aprobaría la ley 25.053 de creación del Fondo de Incentivo Docente creando un impuesto especial para los automotores y otros vehículos. Pero como el presidente Carlos Menem vetó la cláusula de garantía del fondo, la protesta continuó. En diciembre de 1999, el Congreso de la Nación aprobó, dentro de la ley de presupuesto, la creación de un fondo de 660 millones de pesos con recursos del Tesoro Nacional, quedando sin efecto el impuesto automotor a partir del año 2000. El presidente electo, Fernando de la Rúa, se comprometió a respetar la ley. La carpa fue levantada finalmente el 30 de diciembre de 1999 después de 1.003 días de protesta.
Renuncia del vicepresidente Carlos “Chacho” Álvarez El 6 de octubre de 2000, el vicepresidente de la Nación renunciaba al cargo para el que había sido elegido el año anterior. En las elecciones presidenciales de 1999 había triunfado la fórmula de la Alianza que encabezaba la UCR con el candidato a presidente Fernando de la Rúa y el FREPASO con Carlos “Chacho” Álvarez como vicepresidente. La Alianza asume el poder en el marco de una profunda crisis económica, social y política provocada por la aplicación del modelo neoliberal que se venía desarrollando desde 1991, con un sistema de convertibilidad que era completamente insostenible y con una tasa de desocupación que rondaba el 15%. A pesar de esto, el gobierno de Fernando de la Rúa no modificó las principales líneas del modelo sino que, al contrario, realizó profundos ajustes ordenados por el FMI y los organismos multilaterales de crédito. Uno de ellos fue la sanción de la ley 25.250 de reforma laboral el 11 de mayo de 2000, ley que precarizó aún más el empleo. Aquella norma, que arrasaba con derechos y conquistas sindicales que habían costado décadas y sangre al movimiento obrero, quedó bautizada como “la ley Banelco” desde el 29 de marzo de ese año, cuando el sindicalista Hugo Moyano denunció que el entonces ministro de Trabajo Alberto Flamarique le aseguró tener una tarjeta bancaria para “convencer” a los senadores para que aprobaran la ley. Ante la denuncia por coimas y la comprobación de que en la Cámara Alta no había voluntad política para investigar, Chacho Álvarez, que como vicepresidente de la Nación es quien preside el Senado, realizó una denuncia en la Justicia Federal el 24 de agosto y acusó, además, al entonces jefe de la SIDE Fernando De Santibañez por una “operación” realizada en su contra. El 6 de octubre, el presidente De la Rúa realizará cambios en el gabinete de ministros pero preservando a los implicados en el caso de las coimas, lo que provocó la renuncia del vicepresidente. En diciembre de 2003, el ex secretario parlamentario Mario Pontaquarto se presentó como “arrepentido” ante la Oficina Anticorrupción denunciando que fue parte de la maniobra de pago de sobornos por 5 millones de dólares ordenada por el ex presidente De la Rúa y articulada por el ex ministro de Trabajo Flamarique y el ex titular de la SIDE De Santibañez. La causa aún no tuvo resolución judicial definitiva.
Blindaje A fines del año 2000 se cumplía el primer año de gobierno de la Alianza y la crisis económica se profundizaba. El país estaba en virtual cesación de pagos, con el mercado voluntario de crédito internacional cerrado y con el mercado local abierto a tasas elevadas. El 18 de diciembre de 2000, el presidente Fernando de la Rúa anuncia un acuerdo con el FMI para garantizar un “blindaje” financiero por 38.000 millones de dólares que sería aportado entre el FMI, el BID, el gobierno de España más un grupo de bancos privados, tanto locales como extranjeros, y las AFJP. El préstamo estaría destinado únicamente a pagar servicios de la deuda. A cambio, el gobierno argentino se comprometía a realizar importantes ajustes fiscales: reforma previsional, con la eliminación de la prestación básica universal y el aumento de la edad jubilatoria de las mujeres; racionalización de la administración pública y reducción del gasto público; desregulación de las obras sociales; y firma de un compromiso federal en el que las provincias se comprometían a realizar ajustes similares. Finalmente, en enero de 2001 el FMI aprobó la carta compromiso del “blindaje”, que llegó a 40.000 millones de dólares, que serían escalonados según el cumplimiento de las metas fiscales acordadas. Pero en marzo, sólo dos meses después, comienza a hacerse evidente que el gobierno no podrá cumplir con los compromisos, con lo que peligraban los futuros desembolsos del “blindaje”: los rumores del default comenzaron a circular y, con ellos, se disparó la salida de depósitos, que en marzo significó una fuga de divisas por 5.543 millones de dólares. El ministro de Economía, José Luis Machinea, renuncia a su cargo y es designado en su reemplazo Ricardo López Murphy, quien hasta el momento era ministro de Defensa. López Murphy será expulsado del gobierno sólo dos semanas después debido a la masiva reacción popular en contra del ajuste de 2.000 millones de pesos que incluía quitas para salud y educación. Ante esta situación, el presidente De la Rúa decide colocar nuevamente al frente de la economía al autor del plan de convertibilidad, Domingo Felipe Cavallo, quien como primera medida envía al Congreso una ley para introducir importantes cambios en el esquema económico y obtener delegaciones del poder legislativo para futuras medidas. El 24 de marzo de 2001 sería aprobada la ley 25.413, conocida como Ley de Competitividad, que creó un impuesto a las transacciones realizadas por cuenta corriente, además de obligar a que las compras superiores a 1.000 pesos se realicen mediante cheque o tarjeta de débito, y dictaminar el blanqueo de las cuentas cerradas. La delegación de facultades fue aprobada unos días después a través de la ley 25.414: el Congreso de la Nación delegaba durante un año poderes especiales al ministro de Economía para subir algunas tasas impositivas, cobrar impuestos a la renta financiera, eliminar exenciones impositivas, bajar impuestos, cerrar organismos, modificar la ley de ministerios, cambiar leyes, aumentar peajes, fusionar organismos, transformar entidades públicas, desregular el mercado de capitales y flexibilizar a los empleados de organismos y entes descentralizados. En los poderes delegados se exceptuó la posibilidad de realizar privatizaciones, aumentar impuestos, bajar salarios, promover una nueva reforma laboral y previsional, garantizar el pago de la deuda con bienes públicos o modificar la convertibilidad. En el mes de mayo, utilizando los “superpoderes”, Cavallo anuncia un importante ajuste tributario: aumento de la tasa del impuesto a las transacciones bancarias, eliminación de la exención del IVA a los alquileres de inmuebles para uso comercial, a las entradas de espectáculos y eventos culturales y al precio de tapa de publicaciones periodísticas, y elevación de la tasa a la TV por cable, del 13 al 21 por ciento. Dicho ajuste permitió lograr un acuerdo con el FMI para poder continuar con el blindaje a pesar de no haberse cumplido las metas fiscales para el primer trimestre de 2001.
Megacanje El 19 de junio de 2001 Domingo Cavallo anuncia la concreción del canje de deuda pública que había sido iniciado con la firma del decreto 648/01 del 16 de mayo de 2001. En la norma se establecía que la operatoria se realizaría a través de siete bancos: Banco Francés, Santander Central Hispano, Galicia, Citigroup, HSBC, JP Morgan y Credit Suisse First Boston, y se estipulaba el porcentaje que se cobraría en carácter de comisiones por la operación. En rigor, la propuesta del canje, que terminó siendo por un monto total de 29.477 millones de dólares a una tasa promedio del 14% anual, fue diseñada por David Mulford, ex secretario del Tesoro de los Estados Unidos, que por ese entonces trabajaba para el banco Credit Suisse First Boston. A primera vista, la operación parecía sencilla y beneficiosa para el país: se canjeaban 46 tipos distintos de bonos de deuda soberana por 5 tipos de bonos con vencimientos hasta el año 2031. Sin embargo, la operación aumentó la deuda del país en 2.225 millones de dólares sin que el gobierno consiguiese salir de la recesión ni frenar la fuga de divisas. En el año 2006, la justicia inició una causa debido a los altos valores de las comisiones cobradas, que fueron de 150 millones de dólares para los bancos intervinientes, incluyendo 20 millones de dólares que cobró el banco Credit Suisse First Boston; además, se constató que de los 27.000 millones de dólares en títulos que aportaron al canje los bancos y las AFJP, había 20.000 millones que ya estaban en poder de los bancos intervinientes, por lo que habían cobrado comisiones por hacer de intermediarios de sí mismos. El peritaje de expertos internacionales realizado en el marco de la causa constató que el país fue perjudicado por 55.000 millones de dólares. Ninguno de los procesados fue condenado.
Ley de déficit cero El 30 de julio el Congreso de la Nación aprobaba la ley 25.453, conocida como “de déficit cero”. La norma fue otra de las medidas de ajuste impulsadas por el gobierno de la Alianza: significaba que el Ejecutivo sólo podría realizar gastos para la administración pública una vez que se hubieran cancelado los servicios de la deuda, de modo que sin ingresos nuevos no podría haber gastos. Además, la norma ordenaba rebajar salarios de empleados públicos y jubilaciones –que ya habían sido reducidos en un 13% a partir de los 300 pesos de salario mediante el decreto 926/01 del 20 de julio impulsado por la ministra de Trabajo Patricia Bullrich–; al mismo tiempo la ley introdujo fuentes de financiamiento para subir a 500 pesos el piso desde el cual se harían los recortes a partir de un aumento en los combustibles, la anulación de la rebaja de Ganancias y un aumento de 4 puntos en aportes patronales. La ley también facultó al Poder Ejecutivo para modificar la ley del IVA y que la liquidación se realice sobre el valor de lo percibido, en lugar de devengado; asimismo, se posterga hasta el 2002 la devolución de Ganancias dispuesta por el Poder Ejecutivo para los salarios superiores a los 1.500 pesos.
Corralito El 3 de diciembre de 2001 el gobierno publica el decreto 1570/01 que establece restricciones para la libre disposición del dinero de los ahorristas, limitando el retiro de dinero en efectivo a 250 pesos por semana. El “corralito” financiero buscaba detener la importante fuga de divisas que se venía desarrollando desde la asunción de Fernando de la Rúa. La norma también planteaba restricciones para las entidades financieras, pero el efecto más profundo lo tuvo con la ciudadanía. Ante la falta de información y la imposibilidad de disponer de los recursos, los ahorristas comenzaron a movilizarse masivamente hacia los bancos para reclamar la devolución de sus ahorros. El 12 de diciembre se producirá la primera protesta masiva de la clase media utilizando una modalidad que será símbolo de época y de clase: el cacerolazo. Las consecuencias de esta medida para salvaguardar el sistema financiero fueron nefastas para la población, ya que se paralizó el comercio y el crédito, con lo que se rompieron las cadenas de pago y se afectó sensiblemente la economía “informal” de la cual depende la subsistencia cotidiana de una porción significativa de la población. El 13 de diciembre las centrales gremiales de los trabajadores realizaron una medida de fuerza que paralizó el país. El 16 de diciembre de 2001 se desató una ola de saqueos y reclamos de comida a supermercados en distintos puntos del país, y dos días después, el 18 de diciembre, los saqueos comenzaron a producirse en el Gran Buenos Aires.
Renuncia del presidente Fernando de la Rúa El 19 de diciembre de 2001 fue la jornada más intensa de reclamos de comida y saqueos que, con excepción de la Patagonia, se produjeron en todo el país. Se contabilizaron al menos cinco muertos en los sucesos de la jornada, tanto en la represión de las fuerzas de seguridad como en hechos donde los asesinos fueron los propios comerciantes que estaban siendo saqueados. Esa noche, por cadena nacional y mediante la firma del decreto 1.678/01, el presidente Fernando de la Rúa declaró el estado de sitio por 30 días. Pero el resultado fue el contrario del esperado ya que en forma inmediata el pueblo salió masivamente a manifestarse en todo el país. En la Ciudad de Buenos Aires la protesta fue espontánea y comenzó con un cacerolazo que iba sumando ciudadanos en una movilización hacia la Plaza de Mayo. A la una de la mañana, ya día 20, se difundió la renuncia del ministro de Economía Domingo Cavallo al mismo tiempo que la Policía Federal comenzaba una feroz represión a los manifestantes que se encontraban en la Plaza. El cacerolazo duró toda la noche. Tras los disturbios y la represión policial, un grupo de personas permaneció en Plaza de Mayo. Al mismo tiempo, otro grupo de personas se concentró frente al Congreso Nacional, donde ocurrieron fuertes incidentes y la represión policial se cobró la primera víctima. Paralelamente, se desarrolló durante toda la noche un cacerolazo en la residencia presidencial de Olivos. La prensa reportó la presencia de hasta 5.000 personas que llegaron con cacerolas a la zona desde distintos barrios del norte de la ciudad y de la provincia. Con el correr de la mañana del 20 de diciembre fueron llegando varios grupos de militantes a la Plaza de Mayo, quienes tomaron el centro de la plaza, cantaron el Himno Nacional y pidieron la renuncia del presidente De la Rúa. Más tarde arribaron las Madres de Plaza de Mayo, que, junto con los otros manifestantes, fueron reprimidas y desalojadas de la plaza. Cuando volvieron, sobre el mediodía, se les sumaron empleados del microcentro que salían en su hora de almuerzo. La Plaza de Mayo había quedado rodeada por la Policía y la lucha por volver a tomarla fue constante. A las 16 horas, el presidente De la Rúa pronunció un discurso por cadena nacional donde afirmaba que no renunciaría y que convocaba a la “unidad nacional”, ofreciendo cogobernar junto con el justicialismo. Mientras tanto, la movilización popular continuaba a pesar de la más salvaje represión desatada desde el regreso de la democracia. La jornada finalmente dejaría el saldo de 39 muertos en todo el país, cinco de los cuales serían asesinados por las fuerzas de seguridad en las inmediaciones de la Plaza de Mayo. Finalmente, cerca de las 19 horas el presidente Fernando de la Rúa presentaba su renuncia y huía en helicóptero de la Casa Rosada.
Ley de acefalía Debido a la inexistencia del vicepresidente, provocada por la renuncia de Chacho Álvarez, en el año 2000, la renuncia de Fernando de la Rúa provocó que se accione la ley 20.972 sancionada en 1975. La ley, conocida como “de acefalía”, regula la sucesión ante el caso de renuncia del presidente de la Nación y dispone que el Poder Ejecutivo deberá ser ejercido transitoriamente por el presidente provisional del Senado o de la Cámara de Diputados o de la Corte Suprema de Justicia hasta tanto el Congreso, reunido en Asamblea Legislativa, elija un nuevo mandatario. En este caso, el presidente provisional del Senado era el misionero Ramón Puerta, quien asume el 21 de diciembre y convoca a la Asamblea Legislativa, que finalmente se reúne 48 horas después. La ley de acefalía también regula que los candidatos a suceder al jefe de Estado sólo podrán ser funcionarios que desempeñen mandatos populares electivos de senador nacional, diputado nacional o gobernador y cumplan con los requisitos del artículo 76 de la Constitución Nacional. El 23 de diciembre de 2001, en la Asamblea Legislativa, es elegido el gobernador de la provincia de San Luis, Adolfo Rodríguez Saá, para ejercer la primera magistratura del país, quien además tenía como misión convocar a elecciones en 90 días. Como primeras medidas, Rodríguez Saá declara la suspensión del pago de la deuda externa (“default”), levanta el estado de sitio, revoca el recorte salarial y promete mantener la Convertibilidad. El 28 de diciembre, los porteños vuelven a las cacerolas y en la Plaza de Mayo se concentran con la consigna “que se vayan todos”; un grupo de manifestantes ingresa al Congreso de la Nación por la puerta principal provocando destrozos e incendio de muebles. El Presidente convoca a una reunión con los gobernadores peronistas en la residencia de Chapadmalal pero ante la poca respuesta de estos se retira a su provincia y renuncia. El 30 de diciembre de 2001 se pone nuevamente en vigencia la ley de acefalía pero esta vez, ante la renuncia del senador Ramón Puerta como presidente provisional del Senado, deberá ser el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Oscar Camaño, quien deba hacerse cargo de la presidencia. La Asamblea Legislativa debe elegir al quinto presidente en once días; con el voto de la mayoría se postula al senador Eduardo Alberto Duhalde, quien es designado el 1º de enero de 2002 con mandato hasta el 10 diciembre de 2003.
Devaluación y default El 6 de enero de 2002 el Congreso de la Nación aprueba la ley 25.561, de emergencia pública y reforma del régimen cambiario, que deroga la convertibilidad y pesifica los créditos otorgados por el sistema financiero habilitando al Ejecutivo a determinar los valores de las transacciones. Con fecha 9 de enero de 2002, el presidente Eduardo Duhalde publica el decreto 71/02 que establece el nuevo tipo de cambio oficial en 1,40 pesos por dólar. Asimismo, el citado decreto reglamenta la pesificación de las deudas de las personas físicas y jurídicas de acuerdo al esquema de cambio de 1 peso equivalente a 1 dólar y manteniendo las demás condiciones originariamente pactadas. El mismo 9 de enero, el gobierno reglamenta el citado decreto mediante la Resolución 6 del Ministerio de Economía, que establecía la reprogramación de los depósitos en cajas de ahorros, cuentas corrientes y en plazos fijos de acuerdo a un cronograma en función de los montos depositados. Posteriormente, el 3 de febrero de 2002, Duhalde firma el decreto 214/02 mediante el cual se dispone que los depósitos fueran convertidos a razón de 1,40 pesos por cada dólar en tanto que las deudas serían pesificadas en relación a 1 peso por cada dólar, dando lugar así a lo que se conoció como “pesificación asimétrica”. La diferencia de 0,40 pesos por cada dólar fue cubierta por el Estado a través de un bono en dólares, lo que significó un aumento de la deuda pública en 12.000 millones de dólares y una licuación de la deuda de los principales grupos económicos privados financiada por el Estado nacional. Por otro lado, a partir de la firma del decreto 256/02 del 6 de febrero de 2002, y basándose en la ley 25.561, el gobierno de Eduardo Duhalde legaliza el “default financiero” que había anunciado, en su breve paso por la presidencia, Adolfo Rodríguez Saá. La norma menciona en sus considerandos que ante la falta de recursos para afrontar las obligaciones de la deuda pública es necesario llevar a cabo un proceso de reprogramación de las obligaciones y pago de la deuda del Gobierno nacional, por lo que se facultaba al Ministerio de Economía a iniciar dicho proceso. En abril de 2002 se sumó la Resolución N° 73 que decretaba formalmente la cesación de pagos hasta el 31 de diciembre de 2002 o hasta que la reestructuración fuera terminada.
Masacre de Avellaneda Durante toda la primera mitad de 2002 se sucedieron diversos reclamos y manifestaciones. Tanto los piquetes como los cacerolazos eran moneda corriente en un país que se encontraba en ajuste de su economía y de su modelo de desarrollo, con quince cuasimonedas circulantes y una proliferación de espacios donde se trocaban e intercambiaban productos ante la falta de dinero. Según datos de la Presidencia de la Nación, en mayo de 2002 el 51,4% de la población (unas 18,2 millones de personas) se encontraba por debajo de la línea de pobreza; asimismo, la cantidad de indigentes aumentó en los primeros cinco meses de ese año un 42,5%, alcanzado la cifra de 7,8 millones de personas. El 26 de junio varias organizaciones piqueteras organizaron una movilización masiva en reclamo de aumentos salariales, aumento de los planes trabajar de 150 a 300 pesos y más alimentos para los comedores populares, entre otras reivindicaciones. La movilización fue salvajemente reprimida por la Policía Bonaerense, que realizó una verdadera cacería de militantes. En la estación Avellaneda son asesinados los jóvenes militantes Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, ambos integrantes de la Coordinadora de Trabajadores Desocupados Aníbal Verón. Inmediatamente, el gobierno, con la cobertura de los principales medios, intentó instalar la versión de un enfrentamiento interno entre las organizaciones. El diario Clarín tituló: “La crisis causó 2 nuevas muertes”, pero uno de sus propios fotógrafos aportará evidencias que sirvieron para desbaratar la versión oficial y poder llevar a juicio a los policías responsables materiales de los hechos. Luego de este hecho, el presidente Eduardo Duhalde decidió adelantar la convocatoria a elecciones para el 27 de abril del año siguiente, con el traspaso del mando el 25 de mayo de 2003. Por los crímenes, el 9 de enero de 2006, el Tribunal Oral 7 condenó a prisión perpetua al ex comisario inspector Alfredo Fanchiotti y al ex cabo primero Alejandro Acosta. También dictó penas de cuatro años de prisión efectiva a otros tres efectivos de la Policía Bonaerense y penas menores para otros tres. El 13 de noviembre de 2013, el Congreso de la Nación sancionó la ley 29.600 por la cual la ex estación Avellaneda pasa a denominarse “Darío Santillán y Maximiliano Kosteki”, legalizando el cambio de nombre de la estación que las organizaciones sociales ya habían realizado en homenaje a los militantes asesinados.
Ley de Genéricos El 28 de agosto de 2002 el Congreso de la Nación sanciona la ley 25.649 de prescripción de medicamentos por su nombre genérico. La norma dispone que los profesionales de la salud deben expresar el nombre genérico de la droga en sus prescripciones con el fin de dar libertad a los pacientes a la hora de elegir el medicamento que más les convenga según sus posibilidades de compra. La ley fue impulsada por el ex ministro de Salud Ginés González García en un contexto de crisis social y económica y permitió el acceso a los medicamentos a amplios sectores de la sociedad que se encontraban con dificultades económicas. Además, la sanción de la ley significó un cambio de paradigma en la relación de la cadena de valor que interviene en la industria farmacéutica local.
Fin de la huelga docente El 27 de mayo de 2003, a dos días de asumir la presidencia de la Nación, Néstor Kirchner realizó un viaje relámpago a la provincia de Entre Ríos junto con su ministro de Educación Daniel Filmus para poner fin a la huelga docente que había impedido el normal comienzo de las clases. El conflicto en la provincia de Entre Ríos había comenzado a fines de 2002. Los docentes reclamaban el pago de salarios adeudados además de una recomposición salarial. Se firmó un acta entre el presidente Néstor Kirchner, el gobernador de Entre Ríos, Sergio Montiel, y la titular de CTERA, Marta Maffei, por la cual el gobierno nacional se comprometía a pagar los salarios adeudados, el gobierno provincial, a pagar sin atrasos a los docentes, y los docentes, a comenzar las clases. Esta acción será una muestra del dinamismo del gobierno de Kirchner y de la orientación que el mismo tendría los siguientes años. Era la primera vez que un presidente de la Nación inauguraba un gobierno con una medida a favor de la educación.
Anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida El 12 de agosto de 2003, la Cámara de Diputados, luego de un largo debate, aprueba el proyecto de ley presentado por la diputada Patricia Walsh que declara “insanablemente nulas” las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. El proyecto, con media sanción de Diputados, pasó al Senado, que lo aprobó el 21 de agosto de 2003 quedando sancionada la ley 25.779. El 2 de septiembre de ese año el presidente Néstor Kirchner promulga la ley. Dos años después, el 14 de junio de 2005, en una decisión histórica, la Corte Suprema declaró inconstitucionales estas leyes, lo que permitió que cientos de represores, civiles y militares, cuyos enjuiciamientos se habían interrumpido en 1986, sean juzgados.
Día Nacional por el Derecho a la Identidad El 16 de diciembre de 2004 el Congreso de la Nación sanciona la ley 26.001 que crea la conmemoración del Día Nacional por el Derecho a la Identidad cada 22 de octubre en homenaje al trabajo y militancia de Abuelas de Plaza de Mayo. La fecha fue asignada debido a que ese fue el día en que las Abuelas comenzaron su lucha por la recuperación de los nietos apropiados, que se calculan en más de 400. El proceso de Memoria, Verdad y Justicia iniciado en 2003 permitió importantes avances en la lucha de Abuelas. En junio de 2012 la Justicia argentina reconoció la existencia de un plan sistemático de robo de bebés a mujeres secuestradas durante la última dictadura. Incansables y con el compromiso para encontrarlos a todos, el 4 de diciembre de 2014, Abuelas informó el hallazgo de Jorge Castro Rubel, el nieto recuperado número 116. La búsqueda de los que faltan aún continúa.
Renegociación de la deuda pública El 10 de diciembre de 2004 es publicado el decreto 1.735/04 mediante el cual el gobierno de Néstor Kirchner proponía la reestructuración de la deuda pública cuyo pago había sido sucesivamente diferido por las leyes de presupuesto de los años 2002, 2003, 2004 y 2005. Dichas normas dispusieron el diferimiento de los pagos de los servicios de la deuda pública contraída originalmente con anterioridad al 31 de diciembre de 2001 hasta la finalización del proceso de reestructuración de la misma. Si bien la norma contiene las condiciones generales para la oferta, también faculta al ministro de Economía para modificar dichas condiciones y determinar la oferta definitiva, siempre y cuando dichas modificaciones no sean sustanciales. Finalmente, el 13 de enero de 2005 el gobierno argentino, a través de su ministro de Economía Roberto Lavagna, presentó una oferta de canje para los tenedores de bonos que proponía quitas de hasta el 75% del capital. Los nuevos bonos ofrecían además una compensación adicional, ligada al crecimiento del producto interno bruto, de modo que mientras mejor le fuera al país, mejor rendimiento tendrían los bonos canjeados. El 9 de febrero de ese mismo año el Congreso de la Nación sancionó la ley 26.017 que cerraba el proceso de canje y no le permitía al Poder Ejecutivo reabrirlo sin autorización del Congreso. El primer canje de deuda finaliza el 15 de abril de 2005. La Argentina renegocia unos 81.800 millones de dólares y logra una adhesión del 76% de los acreedores. Con este resultado, el país pudo anunciar formalmente su salida del default. A esta operación le siguió un segundo canje, que fue habilitado a partir de la sanción por parte del Congreso de la Nación de la ley 26.547 del 18 de noviembre de 2009, que suspendía la vigencia de los artículos 2º, 3º y 4º de la ley 26.017 hasta el 31 de diciembre de 2010, pero prohibiéndole al Poder Ejecutivo nacional que los términos y condiciones financieros que se ofrecieran sean iguales o mejores que los ofrecidos a los acreedores en la reestructuración de deuda dispuesta por el decreto 1735/04. Con la habilitación del Congreso, el 26 de abril de 2010 la presidenta Cristina Fernández de Kirchner firma el decreto 563/10 que ordena la reapertura del canje con una quita promedio del 66,3% para inversores institucionales, y del 50% para los restantes. La oferta final indicaba que la Argentina terminaría pagando 10.500 millones de dólares por los 20.000 millones de dólares impagos. El 23 de junio, la Presidenta anuncia el cierre del segundo canje con una aceptación del 66% de los tenedores de bonos aún en default, que sumados a los ingresados en el canje de 2005 dio un total de casi el 92% de los títulos de la deuda pública renegociados; sólo restaría un porcentaje marginal de títulos en manos de los holdouts, más conocidos como fondos buitre, quienes continuarán en litigio contra el país.
Pago al FMI El 15 de diciembre de 2005, rodeado por ministros, líderes sindicales y empresarios, el presidente Néstor Kirchner anunciaba el pago anticipado de la deuda al FMI. La decisión fue tomada estratégicamente con el fin de recuperar soberanía política para garantizar la independencia económica, ya que el organismo multilateral fue un gran protagonista de las crisis de nuestro país, imponiendo condiciones y medidas de ajuste para la renegociación de los vencimientos de deuda y la aprobación de nuevos créditos de ayuda. La medida fue anunciada casi en simultáneo con el gobierno del Brasil comandado por Luiz Inácio “Lula” Da Silva, demostrando así una unidad de acciones entre los principales socios del Mercosur. El pago fue realizado el 3 de enero de 2006 por un monto de 9.506 millones de dólares a través del uso de reservas de libre disponibilidad del Banco Central; para ello, el mismo 15 de diciembre de 2005 fueron elaborados los decretos 1.599/05 y 1.601/05. El primero de ellos modificó la ley 23.928 de Convertibilidad, disponiendo que las reservas del Banco Central en oro y divisas extranjeras estén afectadas a respaldar hasta un 100% la base monetaria y que las reservas que excedan esa cantidad pasen a denominarse “reservas de libre disponibilidad”, las cuales podrían ser utilizadas para el pago de obligaciones contraídas con organismos financieros internacionales. El Congreso ratificó este decreto el 21 de diciembre a través de la ley 26.076. Por su parte, el decreto 1.601/05 ordenaba la cancelación de la deuda con el FMI con las reservas de libre disponibilidad aprovechando la solvencia financiera del Estado.
Ley de Financiamiento Educativo El 21 de diciembre de 2005 el Congreso de la Nación sanciona la ley 26.075 de financiamiento educativo, impulsada por el presidente Néstor Kirchner, que establece una meta: alcanzar el 6% del PBI destinado a Educación. Esta ley marca un punto de inflexión en las políticas de inversión educativa y vuelve a poner en el centro la responsabilidad del Estado en el sostenimiento del sistema educativo, a contrapelo de las políticas de desinversión del ciclo neoliberal inaugurado en 1976. En diciembre de 2010, finalmente, la meta es alcanzada. El resultado de esta política se tradujo rápidamente en una significativa mejora salarial de los trabajadores de la educación de todo el país luego de años de congelamiento y ajuste, en la ampliación de las plantas funcionales de las escuelas con la creación de miles de nuevos cargos y horas cátedra, y en la inversión inédita en infraestructura escolar.
Ley Nacional de Educación El 14 de diciembre de 2006 el Congreso de la Nación sanciona la ley 26.206 conocida como ley nacional de Educación que tiene por objeto regular el ejercicio del derecho de enseñar y aprender consagrado por el artículo 14 de la Constitución Nacional y los tratados internacionales incorporados a ella, buscando garantizar una educación de calidad, con igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional. El proyecto de ley, impulsado por el presidente Néstor Kirchner, fue debatido y consensuado con todos los actores del sistema, incluyendo a los representantes de las provincias del Consejo Federal de Educación. Los contenidos y orientaciones estratégicas de esta nueva ley posicionan a la educación como un bien público, provisto y garantizado por el Estado, que tiende a cumplir con el ejercicio del derecho más allá de la fragmentación provocada por los desequilibrios regionales e inequidades sociales y la baja institucionalidad que han afectado al sistema educativo. La ley establece claramente el apoyo integral y específico a los alumnos que provengan de los sectores sociales más desfavorecidos. Una de las transformaciones sustantivas que establece la nueva ley es unificar la estructura del sistema educativo federal, recuperando la primaria y la secundaria bajo dos formas básicas: una de siete años de primaria y cinco años de secundaria, y otra con seis años para cada nivel. Además, la ley agrega la universalización de la oferta de educación del nivel inicial a las niñas y niños de 4 años, la extensión de la obligatoriedad al nivel secundario y la extensión de la jornada completa en el nivel primario. Se sostienen y refuerzan modalidades como la de la educación técnica profesional creada por la ley 26.058 en septiembre de 2005, y se crean otras, como la educación bilingüe para el reconocimiento del derecho de nuestros pueblos originarios a preservar su cultura e identidad, la educación en contexto de encierro y la educación hospitalaria y domiciliaria, todas ellas con el objetivo de concretar, en la diversidad de situaciones y de condiciones, la obligatoriedad del Estado de impartir educación de calidad para todos.
Reforma de la Corte Suprema Desde la década del 90, la Corte Suprema tenía nueve integrantes. Luego de varios enfrentamientos con los jueces de la Corte, que formaban parte de la denominada “mayoría automática”, se inician procesos para reformar la Corte Suprema. Primero fue el pedido de juicio político a varios de sus integrantes. Luego, el cambio en el proceso de selección de jueces fijando limitaciones al Poder Ejecutivo para su designación a partir de la firma del decreto 222/03 del 19 de junio de 2003. En noviembre de 2006 el gobierno de Néstor Kirchner envió al Congreso el proyecto de ley para que la Corte Suprema volviera a su composición histórica de cinco integrantes. La ley 26.183 fue sancionada el 29 de noviembre de 2006 y fijaba transitoriamente el número de integrantes en siete. A medida que se fueran produciendo las vacantes se reduciría el número a cinco. Actualmente, la Corte tiene cinco integrantes.
La Corte Suprema anula los indultos a militares El 13 de julio, con una mayoría de cuatro votos, la Corte Suprema anuló el decreto 1002/89 mediante el cual el ex presidente Menem había indultado a los represores de la dictadura, por considerarlo inconstitucional. La Corte sentenció que debía juzgarse al ex comandante de Institutos Militares Santiago Riveros por delitos de lesa humanidad. El fallo también anuló el perdón que les había sido concedido a los otros dirigentes del gobierno militar, como los ex presidentes Jorge Rafael Videla y Leopoldo Fortunato Galtieri y el ex comandante en jefe de la Marina Emilio Eduardo Massera. De esta manera se abría la puerta para poder juzgar a los culpables de los crímenes cometidos por el terrorismo de Estado.
Ministerio de Ciencia y Tecnología Creado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en diciembre de 2007 a través del decreto 21/07, por primera vez en la historia, Argentina cuenta con un Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Es el primer país en Latinoamérica que contempló a la innovación productiva asociada al desarrollo de los conocimientos científicos. Fue creado con el fin de incorporar la ciencia y la tecnología al servicio del desarrollo económico y social del país.
Reestatización del sistema jubilatorio La privatización del sistema previsional argentino había significado la transferencia del aporte personal de los trabajadores adheridos al régimen de capitalización, es decir, desde las arcas del Estado hacia las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP). El Estado tuvo que solventar los pagos de los jubilados y pensionados que percibían sus beneficios con anterioridad a la reforma y a los que aun después de la misma permanecieran en el sistema de reparto, y además la Prestación Básica Universal (PBU). Para poder afrontar estos compromisos, los gobiernos emitían deuda, en muchos casos tomando fondos de las mismas AFJP que luego cobraban una tasa anual de hasta el 14%. Nada más que en siete años el Sistema de Capitalización le costó al Estado Nacional la suma de 74.788 millones de pesos. Por esta razón, el 21 de octubre de 2008 la presidenta Cristina Fernández de Kirchner presentó un proyecto de ley para la reestatización del sistema jubilatorio. El nuevo sistema que reemplazaría al fracasado sistema de capitalización se denominó Sistema Integrado Previsional Argentino y fue convertido en ley el 20 de noviembre de 2008 por el Congreso de la Nación. La ley 26.425 por la cual se retornó al régimen de reparto reintrodujo el sistema de seguridad social dentro de los preceptos constitucionales contenidos en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional: el Estado es quien otorga los beneficios de la seguridad social en forma integral e irrenunciable. La norma también definió que todos los recursos pasen a formar parte del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Régimen Previsional Público de Reparto creado por el decreto 897/07 que permitió la inversión del activo del fondo de acuerdo a criterios de seguridad y rentabilidad adecuados, contribuyendo al desarrollo sustentable de la economía real a efectos de garantizar el círculo virtuoso entre el crecimiento económico y el incremento de los recursos de la seguridad social. El Fondo de Garantía de Sustentabilidad es administrado por la ANSES y está compuesto por diversos tipos de bienes financieros; entre ellos: títulos públicos, acciones de empresas, tenencias de plazos fijos, obligaciones negociables, fondos comunes de inversión, cédulas hipotecarias y créditos otorgados al sector productivo. Los objetivos del FGS son contribuir al desarrollo sustentable de la economía nacional, preservar los recursos destinados a la seguridad social y atenuar el impacto negativo que sobre el régimen de seguridad social pudiese tener la evolución de variables económicas y sociales. En definitiva, persigue como objetivo final el constituirse como fondo de reserva (o anticíclico), a fin de instrumentar una adecuada inversión de los excedentes financieros del sistema de seguridad social, garantizando el carácter previsional de los mismos. Los recursos que integran el FGS son invertidos en distintas operaciones que permiten el desarrollo del mercado de capitales doméstico y el financiamiento de proyectos productivos y de infraestructura.
Programa RAICES El Programa Raíces (Red de Argentinos Investigadores y Científicos en el Exterior) es un programa del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Por medio de la ley 26.421, sancionada el 22 de octubre 2008, se asume este plan como política de Estado. La red tiene como objetivos fortalecer las capacidades científicas y tecnológicas del país a través de la vinculación con investigadores argentinos residentes en el exterior; promover la permanencia de investigadores en el país y el retorno de aquellos investigadores interesados en desarrollar sus actividades en nuestro país. Hasta el momento ya son más de 1.000 los científicos repatriados.
Ley de movilidad jubilatoria El 1° de octubre de 2008 se sancionó la ley 26.417 de movilidad jubilatoria. Mediante esta ley se garantiza que las jubilaciones y pensiones tengan dos actualizaciones anuales, en marzo y septiembre. Para calcular la suba se tomará en cuenta lo que pasó en cada semestre calendario: de enero a junio para el ajuste de septiembre y de julio a diciembre para el ajuste de marzo del año siguiente. El primer ajuste en las jubilaciones bajo esta movilidad fue en marzo de 2009. Entre la jubilación mínima hasta junio de 2003 y la de septiembre de 2014 el aumento acumulado es del 2054%.
Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual La Coalición por una Radiodifusión Democrática es un colectivo de sindicatos de prensa, universidades, radios comunitarias y organismos de derechos humanos organizado con el fin de garantizar el derecho a la comunicación. En 2004 presentó la construcción de 21 puntos básicos por el derecho a la comunicación, por medio de los cuales se establecieron una serie de pautas fundamentales para conformar un sistema de medios de comunicación compatibles y promotores de la democracia. Poniendo el énfasis en el derecho a la comunicación, tanto activa como pasiva, que tienen todas las personas, el documento sostenía que la radiodifusión no puede manejarse solamente como un negocio comercial y debe ser independiente de toda presión, pública o privada. El gobierno de Cristina Fernández de Kirchner tomó la iniciativa para reformar la ley 22.258 “de radiodifusión” que había sido sancionada en 1980 por la última dictadura y que no permitía la participación en medios a organizaciones sin fines de lucro y tampoco estipulaba medidas en contra de la concentración y la generación de monopolios. El 18 de marzo de 2009 la Presidenta presentó el anteproyecto de ley basado en los 21 puntos de la Coalición por una Radiodifusión Democrática, el cual será discutido en foros en todas las provincias y en todas las regiones argentinas durante los meses siguientes. Se constituyeron así más de 23 foros y más de 80 conferencias en donde participaron todos los sectores de la sociedad. El 27 de agosto fue enviado al Congreso el proyecto de ley incorporando todos los aportes que fueron realizados en los foros y el 10 de octubre el Congreso de la Nación sancionó la ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, más conocida como Ley de Medios, que permitirá una más libre y democrática comunicación en la Argentina.
Asignación Universal por Hijo para protección social (AUH) La Asignación Universal por Hijo es un seguro social por hijo menor de 18 años o discapacitado, al que puede acceder uno de sus padres o tutores en caso de que ambos se encuentren desocupados y no perciban subsidios, planes o pensiones, ya sean trabajadores informales, temporarios o domésticos que ganan menos del salario mínimo, o monotributistas sociales, o estén privados de su libertad. El beneficio fue instituido por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner el 29 de octubre de 2009, a través del decreto 1.602/09 que creó e incorporó a la ley 24.714 este nuevo subsistema no contributivo de asignaciones familiares que en 2014 alcanza a 3.524.924 niños. La asignación se paga hasta un máximo de 5 hijos, y para tener derecho a la percepción del 20% que la ANSES retiene mensualmente, se debe acreditar, por cada uno de los niños, la vacunación, los controles sanitarios y la asistencia escolar. A partir de mayo de 2011, las prestaciones se complementaron con el lanzamiento de la Asignación Universal por Embarazo para protección social (AUE), que se otorga a las futuras madres que se encuentren en las doce o más semanas de gestación.
Democratización de la representación política, la transparencia y la equidad electoral El 9 de julio de 2009 la presidenta Cristina Fernández de Kirchner hizo un llamado a los diversos sectores de la sociedad para iniciar el debate sobre la necesidad de una profunda reforma política. A través del Ministerio del Interior se realizaron diez reuniones con referentes de diversos partidos políticos, de organizaciones sociales, sindicales, empresarios y académicos, a partir de las cuales fue elaborado el anteproyecto, presentado el 28 de octubre de ese mismo año al Congreso de la Nación, que el 2 de diciembre de 2009 sancionó la ley 26.571 de Democratización de la representación política, la transparencia y la equidad electoral. El objetivo central de la ley es igualar las oportunidades de todas las fuerzas políticas, fortaleciendo los partidos y transparentando el funcionamiento de las campañas electorales. Es una legislación de avanzada, que retoma elementos ya probados en distintos países de la región y del mundo. Los cambios más importantes que legisla son: la incorporación de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) para la elección de los candidatos partidarios de las elecciones generales (los partidos o alianzas que no superen en las PASO el 1,5% del padrón electoral no podrán participar de la elección general); la prohibición de candidaturas de personas procesadas por crímenes de lesa humanidad o por violaciones graves a los derechos humanos y para el personal superior o subalterno de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, los magistrados y los directivos o apoderados de empresas concesionarias de servicios y obras públicas; la unificación de los electores en un solo padrón electoral sin división por sexo; la prohibición para que las personas jurídicas (empresas) puedan aportar al financiamiento de los partidos políticos, habilitando solamente a las personas físicas; la prohibición para la difusión de encuestas sobre intención de voto ocho días antes de la elección general; y el reparto equitativo de los espacios de publicidad audiovisual para todos los partidos y alianzas dividiendo el 50% en partes iguales y el 50% restante de acuerdo con los porcentajes alcanzados por cada uno de ellos en la última elección general.
Conectar Igualdad El 6 de abril de 2010, mediante el decreto 459/10, la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, creó el programa Conectar Igualdad con el objetivo de promover la igualdad de oportunidades entre todos los jóvenes del país, al brindarles un instrumento que permite achicar la brecha digital. Mediante el programa, todos los estudiantes y docentes de las escuelas públicas secundarias, de educación especial y de los institutos de formación docente reciben una netbook. Además, el programa incluye capacitaciones a los docentes en el uso de esta herramienta, y la elaboración de propuestas educativas que favorezcan su incorporación en los procesos de enseñanza y aprendizaje. El programa también cumple con el objetivo de desarrollar las competencias necesarias para el manejo de los nuevos lenguajes producidos por las tecnologías de la información y la comunicación. En este sentido, les brinda a los alumnos mayores posibilidades de inserción laboral. Durante los primeros cuatro años del programa ya se han entregado más de 4.500.000 netbooks.
Ley de matrimonio igualitario La ley de matrimonio igualitario fue impulsada por la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT) que entre 2007 y 2010 realizó una intensa campaña nacional por la aprobación de la ley. Tras un intenso debate, el 15 de julio de 2010 el Congreso de la Nación aprobó la ley 26.618 y la Argentina se convirtió en el primer país de América Latina en aprobar el matrimonio entre personas del mismo sexo. El 30 de julio de 2010, en el registro civil de la ciudad de Frías, provincia de Santiago del Estero, se realizó el primer matrimonio de dos personas del mismo sexo bajo la nueva ley.
Festejos por el Bicentenario El 25 de mayo de 2010 se cumplieron 200 años de la Revolución de Mayo. Para celebrarlo, el Gobierno nacional organizó festejos populares en todas las provincias argentinas y en algunas comunidades argentinas en el exterior. Fue un festejo de todos los habitantes. En todas las plazas de todos los pueblos se festejaron los 200 años del primer gobierno patrio. La celebración central fue organizada en la Ciudad de Buenos Aires entre el 21 y 25 de mayo. A lo largo de la avenida 9 de Julio, entre las avenidas Belgrano y Corrientes, fue montado el “Paseo del Bicentenario”, un gran espacio federal a cielo abierto donde se realizó una muestra con los grandes temas nacionales y una “Feria de las Provincias”, donde cada uno de los distritos de la República estuvo representado mostrando su identidad y aquello que los distingue, como sus artesanías, gastronomía o bellezas naturales. También se montó un sitio especial para la denominada “Provincia 25”, integrada por el millón y medio de argentinos radicados en el exterior y para la “Provincia del Futuro”, un espacio para la participación activa y la reflexión de los niños, a partir de propuestas lúdicas en torno a los valores de los hombres y mujeres que forjaron la historia. Entre los países que participaron del encuentro estuvieron República Dominicana, Guatemala, El Salvador, Cuba, Haití, México, Panamá, Venezuela, Uruguay, Perú, Italia, Francia, España, Paraguay, Ecuador, Chile, Colombia, Brasil y Bolivia. Además, hubo conciertos de música, feria gastronómica, desfiles de automóviles y el espectáculo del grupo Fuerza Bruta, que incluyó carrozas, barcos y gigantescas escenografías, que en 19 escenas y con más de 2.000 actores contó los momentos más significativos de nuestros doscientos años de historia. A las 0 horas del día 25, en todos los rincones del país y en cada uno de sus hogares, comenzó a entonarse el Himno Nacional Argentino, que desde la provincia de San Juan fue transmitido al mundo en la formación rocosa conocida como Valle de la Luna, anunciando la llegada del tan esperado Bicentenario. En el “Paseo del Bicentenario” se concentraron casi seis millones de personas, en lo que fue el evento popular más grande y multitudinario de la historia argentina.
Ley de Tierras El 22 de diciembre de 2011 el Congreso de la Nación sancionó la ley 26.737 de régimen de protección al dominio nacional sobre la propiedad, posesión o tenencia de las tierras rurales. El proyecto de ley fue enviado al Congreso por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner el 27 de abril de ese mismo año con el objetivo de regular la cantidad de tierras en manos de personas físicas y/o personas jurídicas extranjeras entendiendo a la tierra como un recurso estratégico para la soberanía nacional y la independencia económica. La ley fue reglamentada en abril de 2012 a través del decreto 274/12 que impone a las provincias la obligación de comunicar a la autoridad de aplicación la superficie total de sus territorios, así como también la de sus departamentos, municipios o divisiones políticas equivalentes, discriminando las tierras rurales de las urbanas. La superficie total de cada provincia será establecida por el Consejo Interministerial de Tierras Rurales. Asimismo, las provincias deberán informar, de acuerdo con lo que surja de los organismos provinciales competentes, la totalidad de predios rurales bajo titularidad de personas físicas o jurídicas extranjeras, o en posesión de extranjeros. La titularidad será determinada por las inscripciones en los correspondientes registros de la propiedad inmueble, y la posesión, por los registros de poseedores en caso de que estos existan, o por las fuentes de información que la autoridad de aplicación considere apropiadas. La ley establece el 15% de límite a toda titularidad de dominio o posesión de tierras rurales de extranjeros en el territorio nacional, provincial, y departamental o municipal. También dispone que los extranjeros de una misma nacionalidad no pueden superar el 30% del total de tierras extranjerizadas y que los titulares extranjeros no podrán adquirir más de 1.000 hectáreas cada uno, o su equivalente en la zona núcleo. Finalmente, la ley impide que los titulares extranjeros puedan poseer tierras con cuerpos de agua de envergadura y permanentes.
Reestatización de YPF El 16 de abril de 2012 la presidenta Cristina Fernández de Kirchner envió al Congreso de la Nación la ley de Soberanía Hidrocarburífera de la República Argentina, en la que se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51% del patrimonio de YPF S.A. En el proyecto se dispone que el 51% será de la Nación, y el resto, de las provincias con explotación petrolera. El 3 de mayo, luego de dos días de debates, en la Cámara de Diputados se aprobó el proyecto, que ya contaba con media sanción del Senado, con 208 votos a favor, 32 en contra y 5 abstenciones, con lo que se logró la sanción de la ley 26.741 para que YPF vuelva a estar controlada por el Estado Nacional. El 27 de febrero de 2014 el Gobierno firmó un convenio de solución amigable y avenimiento de expropiación con Repsol por el cual se acordaron el pago de 5.000 millones de dólares en bonos a pagar en cuotas hasta 2033 como compensación. El 23 de abril de 2014 el Congreso de la Nación aprueba la ley 26.932 que convalida el convenio de solución amigable firmado por el Poder Ejecutivo con Repsol. La reestatización fue fundamental para el reordenamiento del sector de hidrocarburos y para avanzar en el camino de la soberanía energética. Desde la toma de control por parte del Estado, la compañía ha demostrado un importante crecimiento en todos sus indicadores.
Reforma de la Carta Orgánica del Banco Central El 22 de marzo de 2012 se sancionó la ley 26.739 de modificaciones a la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina. A partir de esta reforma, el Banco Central deberá cumplir con un mandato múltiple, en tanto tendrá por finalidad “promover la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social”. La nueva Carta Orgánica recupera y fortalece la injerencia de la autoridad monetaria en el canal de crédito, considerando que este constituye un instrumento del crecimiento de la economía. Por ello, la nueva ley le devuelve al Banco Central su capacidad de hacer que el sistema financiero esté al servicio de la evolución y el crecimiento de la economía real y que el crédito esté disponible, en condiciones razonables, para las actividades e inversiones productivas y para las empresas de cualquier tamaño y localización geográfica.
Voto joven El 31 de octubre de 2012 el Congreso de la Nación sanciona la ley 26.774 de Ciudadanía Argentina. La sanción se dio con 131 votos a favor y sólo 2 en contra, ya que la oposición se retiró del recinto. El proyecto contó con la realización de tres audiencias públicas en el Senado para recoger los aportes de la ciudadanía. Mediante esta ley, se habilita a votar a los jóvenes de entre 16 y 17 años, aunque de forma optativa. Los jóvenes están incluidos en los padrones y por lo tanto, si así lo desean, pueden participar de las elecciones. El proyecto modifica siete leyes nacionales, entre ellas el Código Nacional Electoral (CNE), el Registro Nacional de Electores y la ley 26.571 (que establece las elecciones PASO). Tras varias deliberaciones, la Cámara Alta resolvió que el voto es obligatorio, como fija la Constitución Nacional en su artículo 37, pero mediante la modificación del artículo 25 del CNE se excluye de multas a los jóvenes menores de 18 años y los mayores de 70. En el artículo 18 se excluye a esos dos grupos del registro de infractores. Esta ley, que promueve la ampliación de derechos políticos, permitió que en las elecciones legislativas de agosto de 2013 los jóvenes pudiesen votar por primera vez.
Declaración de Ushuaia El 25 de febrero las comisiones de relaciones exteriores de ambas cámaras del Congreso de la Nación se reunieron en Tierra del Fuego para elaborar un documento ratificando la soberanía del país sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes y la voluntad argentina de seguir negociando con el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en cumplimiento de las disposiciones de las Naciones Unidas. La iniciativa se produjo luego de la escalada belicista de Londres a partir del envío de un buque destructor a las islas, de la presencia del príncipe William en el archipiélago para cumplir su entrenamiento militar y de una declaración del primer ministro británico, David Cameron, en la que acusó a la Argentina de ser un país colonialista. Este documento fue luego ratificado por ambas cámaras de manera unánime, contando con el respaldo de todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria.
Régimen de trabajo agrario En marzo de 2013 la presidenta Cristina Fernández de Kirchner firma los decretos 300/13 y 301/13 que reglamentan la ley 26.727 aprobada el 27 de diciembre de 2011, más conocida como Nuevo Estatuto del Peón Rural. La ley y sus decretos reglamentarios, junto con las reformas producidas en la última década, ordenan un plexo normativo que no solamente marca el final de la flexibilización laboral, sino que también restituye y amplía la protección legal del trabajo rural. En 1980, la dictadura cívico-militar derogó el Estatuto del Peón Rural eliminando los derechos básicos que habían sido reivindicados a partir de 1944 y luego ratificados con fuerza de ley por el Congreso de la Nación en 1947. El nuevo régimen asegura los derechos de los trabajadores temporales creando la figura del trabajador permanente discontinuo, garantiza el salario incluyendo todos los beneficios que los trabajadores del sector privado gozan y regula la cantidad de horas de trabajo. Además, incorpora las licencias por maternidad y parentales para los trabajadores permanentes y garantiza la vivienda digna, el acceso al agua potable y condiciones de higiene y seguridad adecuadas.
Régimen especial de Contrato de Trabajo para el personal de casas particulares El 13 de marzo de 2013 el Congreso de la Nación aprobó la ley 26.844 que reglamenta el trabajo para el personal de casas particulares. El proyecto había sido enviado por el Poder Ejecutivo en 2010. Hasta el momento de aprobación de la ley, el marco regulatorio para estas trabajadoras lo brindaba un decreto de 1956 firmado por el presidente de facto Pedro Eugenio Aramburu. El objetivo de la nueva ley es brindar para estas trabajadoras los mismos derechos que gozan el resto de los trabajadores, como así también impulsar la formalización del registro por parte de los empleadores. La ley amplía los derechos de las asalariadas del sector al incluir la licencia por maternidad, vacaciones pagas, aguinaldo e indemnización por despido, y limita la jornada de trabajo a 8 horas diarias y 48 semanales; además, regula el reposo nocturno que debe ser, como mínimo, de nueve horas consecutivas, mientras que se impone otro descanso de tres horas al mediodía, que incluye el horario del almuerzo. La ley también prohíbe el trabajo doméstico a menores de 16 años y se incluye la obligación por parte del empleador de contratar a favor del personal un seguro por riesgos de trabajo. Por otro lado, la norma prevé la creación de un régimen simplificado para fomentar que los empleadores registren a sus empleados.
PROG.R.ES.AR El 23 de enero de 2014 la presidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner firma el decreto 84/14 que da marco al Programa de Respaldo a Estudiantes de Argentina o PROG.R.ES.AR. El programa consiste en una beca de 600 pesos mensuales para todos aquellos jóvenes de entre 18 y 24 años que quieran iniciar, retomar o completar sus estudios de cualquier nivel educativo y que estén inscritos o asistan a instituciones educativas de gestión estatal, o acreditadas por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. Podrán ser titulares del derecho aquellos jóvenes que sean desocupados, trabajadores formales en relación de dependencia o se desempeñen en la economía informal; el ingreso que perciba el titular y/o el grupo familiar debe ser inferior o igual al salario mínimo, vital y móvil.
Lanzamiento de Arsat-1 Arsat es una empresa de telecomunicaciones del Estado. Fue creada el 5 de abril de 2006 a partir de la sanción de la ley 26.092 por el Congreso de la Nación. La ley fue impulsada por el presidente Néstor Kirchner a partir de la necesidad de hacerse cargo de las operaciones satelitales de Nahuelsat, una empresa integrada por el consorcio alemán EADS y la italiana Finmeccanica, ya que en 2005, la Argentina estaba por perder la posición orbital que manejaba dicha empresa. Con la sanción de la ley y la expropiación de Nahuelsat se puso en marcha una empresa estatal que apunta a transformar el mercado de las telecomunicaciones en tres áreas clave: televisión digital, telefonía celular y servicios de datos y conectividad. El trabajo de Arsat fue direccionado a la producción local de tecnología satelital, y por esta razón pudo desarrollar un satélite propio y no dependerá de operadores internacionales para poder brindar servicios dentro del territorio, siendo el primer país de Latinoamérica en lograrlo. Arsat-1 fue diseñado, desarrollado, ensamblado y probado en la Argentina a cargo de técnicos y científicos argentinos. El software que utiliza fue enteramente desarrollado en el país. Con este diseño, la Argentina se convirtió en una de las ocho naciones en el mundo que desarrollan y producen sus propios satélites geoestacionarios y, junto con los Estados Unidos, son los dos únicos países con esta tecnología en el continente americano. El Arsat-1 fue lanzado el 16 de octubre de 2014 desde la base espacial establecida en la isla de Kouru de la Guayana Francesa, y ofrecerá una amplia variedad de servicios en telecomunicaciones, como televisión, telefonía, Internet y más. Tiene una cobertura completa de la Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay. Para los próximos años están planificados los satélites Arsat 2 y 3, con los que la cobertura será aún mayor.
Reforma, Actualizacion y Unificacion de los Codigos Civil y Comercial de La Nación El 1° de octubre de 2014 el Congreso de la Nación aprobó el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación que modifica y unifica los códigos en vigencia. El antiguo código civil fue redactado por Dalmacio Vélez Sársfield y aprobado por el Congreso de la Nación a libro cerrado a través de la ley 340 del año 1869, en tanto que el código de comercio fue sancionado por la ley 2.637 del año 1889. La modernización de los códigos era un reclamo de diversos sectores de la sociedad y fue impulsada por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner a través del decreto 191/11 del 23 de febrero de 2011, que creó la Comisión de Reunificación y de Reformas del Código Civil y Comercial de la Nación, integrada por los doctores Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Aída Kemelmajer. La Comisión comenzó a trabajar el 2 de marzo de 2011 y un año después, el 27 de marzo de 2012, elevó el anteproyecto con la inclusión de 2.671 artículos al Poder Ejecutivo, que el 7 de junio de ese mismo año elevó el proyecto al Congreso de la Nación. En el Congreso fue creada una Comisión Bicameral para la reforma, actualización y unificación de los Códigos Civil y Comercial de la Nación, integrada por treinta legisladores: 15 diputados y 15 senadores de los distintos partidos políticos que conforman el Poder Legislativo. La comisión realizó 29 reuniones, incluidas 18 audiencias públicas en todo el país para el debate y aportes al proyecto. Finalmente, el 14 de noviembre de 2013 se presentaron los dictámenes para la elaboración del nuevo Código, que incorporó 168 modificaciones, que transformaron 311 artículos, de los 2.671 que traía el proyecto original. El nuevo código regula importantes temas de nuestra vida cotidiana, entre los que se destacan la incorporación del matrimonio igualitario y unión convivencial; la agilización del trámite de divorcio; la incorporación de los acuerdos prenupciales; y la modificación del estatuto de adopción permitiendo el acceso a ese derecho a personas solas o que no estén legalmente casadas. Se reconoce, además, la posibilidad de inscribir nombres aborígenes o derivados de voces aborígenes autóctonas y latinoamericanas, que los hijos puedan llevar como apellido tanto el de su madre como el de su padre y la posibilidad de formar una sociedad comercial unipersonal para favorecer a las pymes y microemprendedores, entre muchas otras cuestiones.