Primer golpe de Estado El 6 de septiembre de 1930, durante su segundo mandato, el presidente Hipólito Yrigoyen fue derrocado por un golpe cívico-militar. Por primera vez desde 1853, en la Argentina se interrumpía el orden constitucional. En la última etapa de su gobierno, Yrigoyen se vio obligado a afrontar la crisis internacional disparada por la caída de la Bolsa de Nueva York de 1929, así como en el orden interno debió enfrentar una furiosa campaña de la oposición que contó con un importantísimo apoyo y fomento desde la prensa. El golpe estuvo encabezado por el teniente general José Félix Uriburu, quien ocupó la Casa de Gobierno como presidente provisional de la Nación, y por el teniente general Agustín Pedro Justo, quien triunfaría en las elecciones de 1931. Se iniciaba así una etapa conocida como “década infame”, en alusión al fraude electoral y los negociados de corrupción que caracterizaron el período. El general Uriburu fue reconocido como presidente provisional de la Nación por la Suprema Corte de Justicia, mediante una acordada firmada por sus ministros José Figueroa Alcorta, Roberto Repetto, Ricardo Guido Lavalle, Antonio Sagarna y por el Procurador General de la Nación, Horacio Rodríguez Larreta. Esta acordada se usaría después para legitimar los futuros golpes de Estado.
Golpe de 1943 El 4 de junio de 1943 se produce en la Argentina el segundo golpe de Estado de nuestra historia. Conocido como “La Revolución de los Coroneles”, el golpe militar que derroca al entonces presidente Ramón Castillo estuvo encabezado por un grupo de oficiales que el 10 de marzo de ese mismo año habían formado una logia secreta denominada GOU (Grupo de Oficiales Unidos o Grupo de Obra Unificación) y que se declaraban partidarios de la neutralidad, anticomunistas y contrarios al fraude electoral que desde 1931 era implementado por los sectores conservadores para sostenerse en el poder. Los integrantes del GOU no ocultaban su simpatía por los regímenes de Italia y Alemania y temían que en las próximas elecciones resultara electo el candidato conservador Robustiano Patrón Costas, quien tenía una gran afinidad con los Estados Unidos y probablemente terminaría con la neutralidad argentina ante la Segunda Guerra Mundial. El GOU estaba integrado mayoritariamente por cuadros medios del ejército, entre los que se destacaba el liderazgo del entonces Teniente Coronel Juan Domingo Perón, y algunos generales. El golpe estuvo encabezado por los generales Arturo Rawson, Pedro Ramírez y Edelmiro J. Farrell que luego se sucedieron en el poder hasta el 24 de febrero de 1946. Ese día se realizaron las elecciones en las que el pueblo argentino consagró a Juan Domingo Perón como presidente de la Nación y se abrió una nueva etapa democrática en nuestro país.
Pacto Roca-Runciman Ante la crisis mundial desatada a partir de la caída de la Bolsa de Nueva York de 1929, en el año 1932 el Reino Unido se reunió con sus colonias y ex colonias para reorganizar su comercio exterior. De esta manera, Inglaterra decidió adquirir los productos que antes compraba a la Argentina, en Canadá, Australia y Nueva Zelanda, perjudicando notoriamente a los sectores ganaderos exportadores que eran parte de la Concordancia que había colocado al presidente de la Nación. El gobierno de Justo envió a Londres al vicepresidente Julio A. Roca (hijo) para llegar a un acuerdo con la corona. El acuerdo fue firmado con el ministro de Comercio británico, sir Walter Runciman. Por el pacto Roca-Runciman, Inglaterra se comprometía a seguir comprando carnes argentinas siempre y cuando su precio fuera menor al de los demás proveedores. En cambio, la Argentina aceptó amplias concesiones de su soberanía: liberó los impuestos que pesaban sobre los productos manufacturados ingleses, se comprometió a no permitir la instalación de frigoríficos argentinos y le otorgó el monopolio de los transportes de la Capital a una corporación británica. A su vez, el pacto contenía una cláusula secreta para la creación del Banco Central de la República Argentina.
Creación del Banco Central El pacto Roca-Runciman firmado entre la Argentina y Gran Bretaña en 1933 disponía entre sus cláusulas secretas la creación de un Banco Central mixto, donde se le otorgaba a la banca privada de capital predominantemente británico el control financiero del país. Ese mismo año, el gobierno argentino le encargó a Sir Otto Niemeyer, director del Banco de Inglaterra, el proyecto para su creación. El 31 de mayo de 1935 se aprobó la ley que puso al banco en funciones. El Banco Central que se creó le impuso al Estado una serie de obligaciones –debía poner la mitad de los capitales, entre otras– pero ningún derecho: no tenía poder de decisión –sólo cinco directores entre doce– ni la capacidad de tomar préstamos para el gobierno nacional, provincial o municipal.
Golpe de 1955 El 16 de septiembre de 1955 es derrocado mediante un golpe de Estado cívico-militar el gobierno constitucional del presidente Juan Domingo Perón. Se inicia así la autodenominada “Revolución Libertadora”. El golpe es impulsado por un sector de las fuerzas armadas y encabezado por el almirante Isaac Rojas y los generales Pedro E. Aramburu y Eduardo Lonardi, aunque también reúne a integrantes de sectores medios, estudiantes nucleados en la FUA, la gran burguesía ligada al capital local y extranjero y la Iglesia Católica. El General Perón renunció a la presidencia y se exilió en una cañonera paraguaya, para luego recalar en Venezuela y más tarde en España, donde residió hasta su regreso al país en 1973. La dictadura cerró el Congreso de la Nación y depuso a los miembros de la Corte Suprema; derogó inmediatamente la Constitución Nacional sancionada en 1949, donde se reconocen los plenos derechos laborales y sociales para los argentinos y también intervino los sindicatos y la Confederación General del Trabajo. Además el gobierno militar emitió el Decreto 3855/55 disolviendo el Partido Peronista y el 5 de marzo de 1956 el Decreto 4161/56, de "prohibición de elementos de afirmación ideológica o de propaganda peronista", por el que incluso se prohibía mencionar el nombre de Juan Domingo Perón, castigando a los infractores con penas de hasta seis años de prisión. Unos meses antes, la dictadura había realizado un acto atroz y cruel dirigido a mitigar la resistencia peronista: la noche del 23 de noviembre de 1955 una patota encabezada por el jefe del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE), el Teniente Coronel Carlos Eugenio Moori Koenig, y su lugarteniente el mayor Eduardo Antonio Arandía secuestraron el cadáver de Eva Duarte de Perón que desde su fallecimiento en 1952 reposaba en la sede de la CGT. El cadáver de Evita permaneció oculto por los mandos militares hasta 1971, cuando fue restituido al General Perón en su residencia de Puerta de Hierro en Madrid.
Estatuto del Peón Rural El Estatuto del Peón Rural fue un decreto dictado durante la presidencia de facto del general Edelmiro Farrell. Con este estatuto, se fijaron por primera vez, y en todo el territorio nacional, condiciones de trabajo dignas para los peones rurales, entre ellas: salarios mínimos, descanso dominical, vacaciones pagas, estabilidad, condiciones de higiene y alojamiento. La norma fue redactada por Tomás Jofré y propuesta a Farrell para su aprobación por el coronel Juan Domingo Perón, quien por entonces se desempeñaba como secretario de Trabajo y Previsión. En 1947, ya durante la primera presidencia de Perón, el Congreso de la Nación sanciona la ley 12.921, que ratifica el estatuto y, meses más tarde, la ley 13.020, que incorpora además a los trabajadores temporales a través de la reglamentación del trabajo de cosecha.
Día de la Lealtad El golpe de Estado que puso fin a la década infame tuvo como protagonista principal a un grupo de oficiales nacionalistas, entre los cuales se encontraba el teniente coronel Juan Domingo Perón. Durante 1943, a través de su amigo y compañero, el teniente coronel Domingo Mercante, Perón comenzó a tener diálogo con varios sindicatos, convirtiéndose en el nexo de estos con el gobierno. Los sindicatos impulsaban la creación de una Secretaría de Trabajo, el fortalecimiento de la CGT y la sanción de una serie de leyes laborales que incorporaran los reclamos históricos del movimiento obrero argentino. El 27 de octubre el presidente de facto Pedro Ramírez nombra a Perón a cargo del Departamento de Trabajo, quien tan sólo un mes más tarde logró que se crease, con dependencia directa de la presidencia, la Secretaría de Trabajo y Previsión. Desde allí, y con el apoyo de los sindicatos, Perón desarrolló gran parte del programa sindical histórico: se crearon los tribunales de trabajo, se extendió la indemnización por despido, se amplió la jubilación, se sancionaron los estatutos del Peón de Campo y del Periodista y se firmaron cientos de convenios colectivos. En 1944, el sucesor de Ramírez, el general Edelmiro Farrell, nombra a Perón como ministro de Guerra y luego como vicepresidente, cargos que se sumarían al que ya ejercía como secretario de Trabajo y Previsión. La adhesión del movimiento trabajador a la tarea de Perón fue inmediata y esto no fue visto con buenos ojos aun dentro de su propio gobierno. Por esta razón, a principios de octubre de 1945 el presidente de facto Edelmiro J. Farrell hizo renunciar de todos sus cargos públicos a Perón. El 12 de octubre de 1945 Perón fue detenido y trasladado a la isla Martín García. Inmediatamente, el Comité Central de la Confederación General del Trabajo (CGT) declaró una huelga general a partir de la hora cero del 18 de octubre. La iniciativa sindical fue, sin embargo, desbordada por las bases, y desde la tarde del 16 de octubre los obreros empezaron a dejar sus lugares de trabajo. El 17 de octubre de 1945, miles de trabajadores provenientes principalmente del cordón industrial del Gran Buenos Aires se acercaron a Plaza de Mayo reclamando la presencia de Perón. El gobierno debió finalmente ceder a la presión popular y el general fue trasladado a la Capital. Por la noche, Perón pudo estrenar su saludo con los brazos en alto, aunque durante la desconcentración se registraron incidentes frente al diario Crítica, donde un grupo armado disparó desde sus balcones y resultó asesinado el primer mártir peronista, el joven militante Darwin Passaponti, de 16 años. Nacía así un lazo de lealtad de los desposeídos para con el general Perón, quien sería elegido democráticamente como presidente de la Nación en tres oportunidades y se convertiría en una figura central de la historia argentina durante el siglo XX.
Ingreso de la Argentina al Fondo Monetario Internacional El 19 de abril de 1956 el presidente de facto Pedro Eugenio Aramburu firma el decreto 7.103 por el cual la República Argentina aprobaba su ingreso al Fondo Monetario Internacional y al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. La incorporación argentina fue recomendada por el entonces asesor del gobierno, Dr. Raúl Presbich, quien en su “Informe preliminar acerca de la situación económica”, instó a que la Argentina se endeudara con el exterior. Juan Domingo Perón se había negado terminantemente a ingresar a dichos organismos externos durante sus gobiernos, asegurando que dichas instituciones eran un instrumento de sometimiento de los países centrales para imponer políticas a los países periféricos. La política económica desarrollada por la dictadura se organizó en sentido contrario a la que había desarrollado el peronismo. Entre sus principales medidas estuvieron la desnacionalización de los depósitos bancarios, la eliminación del control estatal sobre el comercio exterior, el fin de los tipos de cambio selectivos y la derogación de la Constitución Nacional sancionada en 1949. Al concluir el gobierno de Aramburu, la deuda externa alcanzó los 1.051 millones de dólares.
Operación Masacre El 9 de junio de 1956 se produjo un levantamiento armado contra el gobierno de la autodenominada “Revolución Libertadora”. El general Eduardo Lonardi, un nacionalista católico que había asumido la presidencia tras el golpe, resultó desplazado en noviembre de 1955 por el tándem que formaban Aramburu y el almirante Isaac Rojas, quienes aspiraban a profundizar la desperonización del país. Las garantías consagradas en la Constitución de 1949 quedaron conculcadas y se aplicó el decreto 4.161, que prohibía mencionar a Perón y exaltar los símbolos del “régimen depuesto”. Además, Aramburu congeló salarios y propició el ingreso del país al Fondo Monetario Internacional (FMI), organismo que le recomendó ejecutar una política de ajuste a cambio de asistencia financiera. Ese contexto generó un clima de creciente malestar entre la clase trabajadora y constituyó el caldo de cultivo de la rebelión que encabezarían los generales Juan José Valle y Raúl Tanco. El movimiento estaba infiltrado por agentes del gobierno, que el 8 de junio ordenó numerosas detenciones entre gremialistas y activistas con el propósito de restarle sustento social al pronunciamiento. Ese mismo día, Aramburu viajó a Santa Fe, pero antes de partir dejó preparados los decretos 10.362, 10.363 y 10.364, que establecían la ley marcial y la pena de muerte, pero que serían publicados en el boletín oficial una vez producida la rebelión. La señal para el inicio de la sublevación se daría por radio, durante la transmisión de la pelea de boxeo entre Eduardo Lausse y el chileno Humberto Loayza, que se celebraba en la noche del sábado 9 de junio en el Luna Park. En una casa de la localidad bonaerense de Florida, en el norte del Gran Buenos Aires, fueron detenidos varios civiles, algunos de los cuales se aprestaban a facilitar respaldo operativo a la rebelión, y otros que, en cambio, se encontraban allí de forma circunstancial para escuchar la pelea. Los combates entre los efectivos del gobierno y los sublevados se produjeron entre las 22 horas y la medianoche del día 9, en tanto que los decretos firmados por Aramburu se difundieron a las 0:30 del día 10. Esas normas fueron creadas para aplicarse de manera retroactiva, en una clara violación de los principios del derecho penal, ya que los fusilamientos estaban decididos de antemano. En la madrugada comenzaron las ejecuciones de los detenidos, y el teniente coronel Desiderio Fernández Suárez, al mando de la Policía de la provincia de Buenos Aires, le ordenó al comisario Rodolfo Rodríguez Moreno fusilar a los detenidos de Florida, que se encontraban en una comisaría de San Martín. Los doce detenidos fueron llevados a los basurales de José León Suárez, donde cinco fueron asesinados por las balas policiales y los otros siete lograron escapar. Ante la muerte de sus camaradas, Valle, escondido en una casa de la calle Corrientes, decidió entregarse a condición de que se detuviera la represión. El general peronista fue conducido al Primer Cuerpo del Ejército, en Palermo, donde tras un juicio sumario se lo condenó a morir frente a un pelotón de tiradores. Valle fue asesinado el 12 de junio, pasadas las 22, en la penitenciaría que estaba ubicada en la calle Las Heras, sin que medie una orden de ejecución escrita. Días después, en un café de La Plata, un periodista interrumpirá la partida de ajedrez que jugaba contra un parroquiano al escuchar una frase inquietante: “Hay un fusilado que vive”. A partir de ese “rumor”, ese periodista, Rodolfo Walsh, dio con Juan Carlos Livraga, y con su testimonio reconstruyó la historia de los fusilados de José León Suárez y plasmó sus padecimientos en el libro Operación Masacre.
Golpe de 1962 El 29 de marzo de 1962 los comandantes de las tres fuerzas armadas encabezaron el golpe de Estado contra la Presidencia de Arturo Frondizi.
Once días antes el peronismo había triunfado ampliamente en las elecciones para legisladores y gobernadores. Frondizi había autorizado a que, por primera vez desde 1955, el peronismo, bajo la figura de la Unión Popular, compitiera en los comicios. El peronismo, con su líder Juan Domingo Perón en el exilio, resultó ganador en diez de las catorce provincias, incluida Buenos Aires. Debido a las presiones militares, el Presidente intervino las provincias donde había triunfado la Unión Popular, pero a pesar de esto, el día 29 Frondizi fue detenido y trasladado por la fuerza a la Isla Martín García.
El derrocamiento de Frondizi fue considerado un golpe a medias, porque no culminó en un gobierno de facto. Mientras las fuerzas armadas discutían qué hacer con el poder, el juez de la Corte Suprema Julio Oyhanarte aprovechó tal incertidumbre para cubrir la acefalía con el Presidente provisional del Senado, José María Guido, quien asumió el mismo 29 de marzo de 1962, aunque severamente condicionado por los mandos militares.
Los ministerios de Defensa e Interior quedaron en manos de los radicales del Pueblo y de los conservadores, quienes elaboraron un Estatuto de los Partidos Políticos que si bien impedía el retorno del peronismo, fijó fecha para elecciones generales bajo el sistema proporcional para evitar una nueva dictadura.
El estado deliberativo en las fuerzas armadas se rompe en septiembre de 1962. Se producen varios enfrentamientos armados entre las dos facciones militares: los azules y colorados. Los azules eran partidarios de la reincorporación gradual del peronismo a la vida institucional (un peronismo sin Perón) y sostenían la vigencia de la Constitución y una salida electoral. Los "colorados" eran decididamente antiperonistas, dominaban la Secretaría de Guerra e impulsaban el uso de las fuerzas armadas sin llamado a elecciones. Se impusieron los "azules" y el general Juan Carlos Onganía fue designado Comandante en Jefe del Ejército.
1963 fue un año difícil para el pueblo argentino: desapareció el obrero peronista Felipe Vallese; se produjo el asalto al Policlínico Bancario, primer episodio de guerrilla urbana en el país y fueron detenidos por presuntas actividades comunistas Ernesto Sábato y el Premio Nobel de Literatura de 1959, el guatemalteco Miguel Ángel Asturias. Finalmente se llama a elecciones generales a mediados de 1963.
Reforma constitucional El 27 de abril de 1956 el presidente de facto, general Pedro Eugenio Aramburu, dicta una proclama declarando nula la reforma constitucional de 1949 e imponiendo la Constitución Nacional de 1853 con sus reformas de 1860, 1866 y 1898. Un año después, el 12 de abril de 1957, mediante el decreto 3.838, el gobierno militar decidió declarar la necesidad de una nueva reforma constitucional y convocar a elecciones para conformar una Convención Constituyente, elecciones en las que se prohibió la participación del peronismo. Ante esta situación y desde el exilio, Perón ordenó votar en blanco, acción que realizó el 22% de la población, siendo el voto en blanco el “ganador” de la elección. La Convención Constituyente sesionó en la ciudad de Santa Fe entre el 30 de agosto y el 23 de septiembre de 1957 con grandes divergencias sobre la legalidad y legitimidad de la misma. Finalmente, el radicalismo se retirará de la convención dejándola sin quórum, luego de que sólo se haya podido incorporar un artículo, el 14 bis, que rescataba parte de los derechos de segunda generación conquistados en 1949.
Golpe de 1966 El 28 de junio de 1966 la autodenominada “Revolución Argentina” derrocó al Presidente constitucional Arturo Illía. El golpe fue ejecutado por las tres fuerzas armadas y apoyado por sectores civiles, políticos y sindicales, además de contar con el impulso de una fuerte campaña previa de los medios de comunicación, protagonizada principalmente por los periodistas Mariano Grondona, Bernardo Neustadt y Mariano Montemayor.
Asumió como Presidente de la Nación el Teniente General Juan Carlos Onganía. El régimen dividió el proceso en tres etapas sucesivas: económica, social y política. Decretó la destitución de las autoridades nacionales, disolvió el Congreso Nacional y las legislaturas provinciales, designó una nueva Corte Suprema de Justicia, suprimió los partidos políticos e intervino las universidades. Sus acciones fueron moralizadoras con los jóvenes. Ejemplo de ello son la clausura la revista "Tía Vicenta" por caricaturizar y apodar al Presidente como la "Morsa" y la Ópera Bomarzo fue censurada por supuestas escenas de violencia y alucinación.
Es un período convulsionado a nivel mundial: en 1967 fue asesinado Ernesto "Che" Guevara cuando intentaba combatir en Bolivia, pocos meses después los estudiantes franceses sacudieron al mundo con la revuelta del “Mayo Francés”. En Argentina el clima represivo alentó a la acción directa a muchos jóvenes de distintos espacios: universitarios, sindicalistas, sacerdotes y militantes. Entre ellos Mario Roberto Santucho, Fernando Abal Medina, el padre Carlos Mugica y el Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo; Raimundo Ongaro y la CGT de los Argentinos; Agustín Tosco y la Juventud Peronista.
El plan económico generó convulsión social y en 1969 la violencia escaló. Ese año fue asesinado el líder de la CGT Augusto Timoteo Vandor. En Córdoba, un paro con movilización derivó en luchas callejeras donde se unieron obreros y estudiantes que realizaron el denominado "Cordobazo". En 1970 Onganía declaró que su gestión para tener éxito debía prolongarse. Esta declaración, sumada a dos operativos de la agrupación Montoneros: el secuestro y asesinato del General Aramburu y la toma de la localidad La Calera en Córdoba precipitaron su caída. El 8 de junio de ese año el sector liberal del ejército coloca como presidente al Teniente General Roberto Marcelo Levingston, un oficial de inteligencia desconocido para la opinión pública que ocupaba un cargo diplomático en Estados Unidos. Fue un error de Lanusse, quien era el verdadero conductor de los liberales en el Ejército ya que Levingston sorprende a todos con un programa propio. La segunda etapa de la “Revolución Argentina” se caracterizó por el intento de apoyar la nacionalización del proceso de crecimiento económico y estimular la industria mediante la consigna del "compre nacional" impulsada por las empresas estatales y por los préstamos a bajo costo. Los aumentos de salarios fueron la estrategia para atraer a las bases sociales y popularizar el gobierno. Sin embargo la inflación recrudeció y los capitales extranjeros se fueron del país, temerosos del nacionalismo reciente y de la intranquilidad social que imperaba debido a la profundización de la espiral de violencia. Ante este panorama, el 23 de marzo de 1971 asume la presidencia el Teniente General Agustín Lanusse, iniciando así la tercera parte de la “Revolución Argentina”, que se caracterizó por expresar la voluntad de normalizar la vida institucional del país. La designación de Arturo Mor Roig como ministro del Interior, radical que gozaba de la confianza del principal dirigente del radicalismo, Ricardo Balbín, fue una señal de la apertura política; con él, el Partido Justicialista adquirió personería jurídica, cesó la proscripción de los partidos políticos y se estableció un calendario electoral. En noviembre de 1972, Juan Domingo Perón regresó al país con gran expectativa de todos los sectores políticos y sociales. 17 años después de su derrocamiento se alojó en la casa de la calle Gaspar Campos que fue comprada para él por los trabajadores agrupados en la CGT. Como la condición para llamar a comicios generales era que Perón no fuera candidato, el ex presidente conformó el Frente de Liberación Nacional (FREJULI) con peronistas, frondicistas, conservadores, nacionalista, socialistas y anunció las candidaturas de Héctor José Cámpora a la presidencia y el conservador popular Vicente Solano Lima como vicepresidente y luego regresó a España para preparar su retorno definitivo al país.
Temiendo un triunfo peronista, el gobierno de Lanusse introduce una enmienda parcial a la Constitución: incorpora la elección directa para elegir presidente, senadores y diputados y el sistema de ballotage o elección en segunda vuelta. Su apuesta era que el voto antiperonista ganara en la segunda vuelta. El resultado fue contundente: el 11 de marzo de 1973 los argentinos eligieron a Héctor Cámpora como presidente con el 49,56 % de los votos.
Noche de los bastones largos El 28 de junio de 1966, la autodenominada “Revolución Argentina”, encabezada por el general Juan Carlos Onganía, derrocó al presidente constitucional Arturo Illia. Esa noche, las autoridades de la UBA emitieron una declaración en la cual se hacía un llamado a los claustros en defensa de la autonomía universitaria. Ese mismo día, más de 240 docentes de la facultad de Ciencias Exactas firmaron una declaración donde manifestaron su irrevocable decisión de no reconocer otras autoridades que no sean las de la facultad y la Universidad de Buenos Aires. Un mes después del golpe de Estado, el 29 de julio de 1966, el general Onganía firmó el decreto 16.912 de intervención de las universidades. Esa misma noche, la Policía Federal Argentina irrumpió en varias facultades de la UBA y desalojó las instalaciones, en las que se encontraban autoridades, docentes y alumnos que resistían la decisión del gobierno militar de intervenir las universidades y anular el régimen de cogobierno. Los hechos de represión más importantes se dieron en la facultad de Ciencias Exactas, donde la policía cargó a garrotazos y con gases lacrimógenos contra estudiantes, docentes y profesores extranjeros invitados. En el operativo, conocido como “La noche de los bastones largos”, hubo 200 detenidos y numerosos heridos. La destrucción alcanzó los laboratorios y bibliotecas de las casas de estudio y la adquisición más reciente y novedosa de la época: una computadora. A esto le siguió el éxodo de profesores e investigadores y la supresión de los centros de estudiantes. Las consecuencias fueron que 1.378 docentes renunciaron o se fueron del país exiliados. Unos 301 emigraron: 215 eran científicos y 86 eran investigadores en distintas áreas. Se inició así un éxodo de científicos que no se detendría hasta comienzos del siglo XXI.
Cordobazo El 29 de mayo de 1969, obreros y estudiantes de la ciudad de Córdoba salieron a la calle a protestar contra el gobierno de facto de Juan Carlos Onganía. La dictadura había congelado los convenios colectivos de trabajo y los salarios, y la respuesta de las regionales cordobesas de SMATA, Luz y Fuerza y la UTA fue convocar a un paro general. El día 29 de mayo los trabajadores se movilizaron hacia el centro de la capital cordobesa y rápidamente recibieron el apoyo de los estudiantes universitarios y de parte de la población, que levantó barricadas para enfrentarse con la policía. La ciudad fue controlada por los manifestantes, quienes lograron su ocupación durante unas veinte horas. Se produjeron incendios y ataques a las principales empresas multinacionales. Ante la magnitud de la movilización, Onganía envió tropas del Ejército y durante los enfrentamientos, que duraron tres días, se produjeron 16 muertos, decenas de heridos y una numerosa cantidad de detenidos, entre ellos los principales dirigentes sindicales de la provincia, Agustín Tosco (Luz y Fuerza) y Elpidio Torres (UTA).
Masacre de Trelew El 15 de agosto de 1972 un grupo de presos políticos de la dictadura comandada por el general Agustín Lanusse inició un intento de fuga de la cárcel de Rawson. Del operativo participaron militantes del ERP, FAR y Montoneros, al mando de Mario Roberto Santucho. Este último, junto con Fernando Vaca Narvaja, Roberto Quieto, Enrique Gorriarán Merlo y Domingo Menna integraban el comité de fuga, y pudieron huir en un automóvil que los esperaba frente al penal, desde donde se trasladaron al aeropuerto de Trelew para abordar una aeronave de la empresa Austral secuestrada por un comando guerrillero. El resto de los vehículos, que debían trasladar a los otros contingentes, no se presentaron frente a la prisión por una confusión de señales. Otro grupo logró arribar en vehículos de alquiler pero llegó cuando el avión ya partía rumbo a Chile. Este grupo se rindió ante los efectivos militares que habían llegado al aeropuerto comandados por el capitán Luis Emilio Sosa y fue trasladado a la base Almirante Zar. La fuga asestó un duro golpe a la dictadura de Lanusse: diferentes personalidades de la política exigieron al gobierno de facto que garantizara la vida de los presos políticos. Sin embargo, en la madrugada del día 22 de agosto, 19 detenidos fueron ametrallados en sus celdas por una patrulla al mando del capitán Sosa y del teniente Roberto Bravo; sólo hubo tres sobrevivientes, que luego serían asesinados y/o desaparecidos por la última dictadura militar. Los hechos se juzgaron como crimen de lesa humanidad en 2012 y los culpables se encuentran en prisión.
Golpe de 1976 El 24 de marzo de 1976 el golpe de Estado cívico-militar inaugura la dictadura más cruel de nuestra historia, autodenominada Proceso de Reorganización Nacional. El golpe fue planeado con mucha anterioridad y fue el último de una serie de golpes que Estados Unidos impulsó en América Latina en el marco de su Doctrina de Seguridad Nacional (doctrina militar destinada a controlar el surgimiento de movimientos filo comunistas en el contexto de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética). Para 1976 ya se habían derrocado los gobiernos constitucionales de Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Guatemala, Honduras y Uruguay.
En febrero de 1975 la Presidenta María Estela Martínez de Perón, conocida como Isabelita, autorizó el Operativo Independencia, cuyo objetivo era neutralizar y aniquilar el foco guerrillero desatado en las azucareras de Tucumán por la compañía Ramón Rosa Jiménez del PRT-ERP. Esta organización armada liderada por Mario Santucho intentaba imponer en la Argentina un Estado socialista. El 18 de diciembre del 75 la Fuerza Aérea realizó un intento fallido de golpe. Finalmente el golpe de Estado se concreta el 24 de marzo del año siguiente. La Presidenta María Estela Martínez de Perón, quien había asumido la primera magistratura luego del fallecimiento de Juan Domingo Perón, es detenida y trasladada a Neuquén.
En su lugar asume una Junta Militar integrada por un miembro de cada una de las fuerzas armadas: por el Ejército el teniente general Jorge Videla, por la Marina el almirante Emilio Massera y por la Fuerza Aérea el brigadier general Orlando Agosti. Las primeras medidas de la Junta se orientaron claramente a destruir toda participación popular: intervención de los sindicatos, disolución del Congreso y los partidos políticos, destitución de la Corte Suprema de Justicia y censura a los medios de comunicación, entre otras tantas medidas.
Muchos sectores sociales apoyaron el golpe: los grupos concentrados de la economía, las jerarquías eclesiásticas y los medios de comunicación, entre otros. Ejemplo de esta complicidad es la conformación del gabinete: el Ministerio de Economía fue entregado a José Martínez de Hoz quien era presidente del Consejo Empresario Argentino; la Secretaría de Ganadería le correspondió a Jorge Zorreguieta en representación de la Sociedad Rural Argentina; el Banco Central a Adolfo Diz, de la Asociación de Bancos Privados de Capital Argentino y ex director ejecutivo del FMI. Los medios de comunicación fueron beneficiados con la titularidad de la empresa Papel Prensa, única proveedora de papel para diarios del país, que fue expropiada por la dictadura y entregada a los grupos económicos de los diarios Clarín y la Nación.
El proyecto económico de la Dictadura se caracterizó por un fuerte endeudamiento con los organismos internacionales, la estatización de la deuda privada y un retroceso total de la industrialización, lo que llevó al derrumbe inevitable de la economía interna. Para poder instaurar este nuevo orden económico, la Dictadura llevó a cabo un salvaje plan de represión y violación de los derechos humanos: miles de militantes políticos, obreros e intelectuales fueron secuestrados y llevados a centros clandestinos, como la ESMA, el Vesubio o La Perla donde se los torturó y ejecutó.
Muchos de ellos lograron escapar y exiliarse, otros tantos permanecen aún desaparecidos. Se desconoce el número total de personas que fueron exterminadas bajo esta metodología bestial pero se estima que el total de desaparecidos llega a la cifra de 30.000.
Noche de los Lápices La noche del 16 de septiembre de 1976, y durante los días posteriores, la dictadura cívico-militar secuestró a diez estudiantes de distintos secundarios de La Plata que habían participado de una campaña por la restitución del boleto estudiantil. La mayoría de las víctimas eran militantes de la Unión de Estudiantes Secundarios y de la Juventud Guevarista, quienes en la primavera de 1975 habían logrado la conquista de la implementación del Boleto Estudiantil Secundario (BES). En agosto de 1976, según consta en un documento de inteligencia titulado “La Noche de los Lápices”, la dictadura decidió suspender este beneficio con el propósito de identificar a los referentes del movimiento estudiantil que habían encabezado este reclamo. Entre ellos estaban: Francisco López Muntaner, María Claudia Falcone, Claudio de Acha, Horacio Ángel Ungaro, Daniel Alberto Racero, María Clara Ciocchini, Pablo Díaz, Patricia Miranda, Gustavo Calotti y Emilce Moler. Durante su secuestro, los jóvenes fueron sometidos a torturas y vejámenes en distintos centros clandestinos, entre ellos el Pozo de Arana, el Pozo de Banfield, la Brigada de Investigaciones de Quilmes y la Brigada de Avellaneda. Moler y Díaz recuperaron la libertad tras permanecer dos años entre cautivos y detenidos. Miranda también salió con vida de Arana, la trasladaron al Pozo de Quilmes y finalmente quedó alojada en la cárcel de Villa Devoto, a disposición del Poder Ejecutivo Nacional hasta marzo de 1978. Gustavo Calotti, que había terminado el secundario un año antes, cayó en cautiverio el 8 de septiembre, y se lo considera un sobreviviente de estos hechos, ya que padeció la tortura junto a estos jóvenes. Los estudiantes secundarios restantes permanecen aún desaparecidos y componen la nómina de 232 adolescentes secuestrados durante la última dictadura cívico-militar. En 1985, Pablo Díaz testimonió en el Juicio a la Juntas. Allí, Díaz dio cuenta de sus padecimientos, y a partir de sus vivencias los periodistas María Seoane y Héctor Ruiz Núñez escribieron el libro La Noche de los Lápices, publicado ese mismo año. El libro dio origen a una película, que se estrenó en 1987 y se convirtió en un éxito de taquilla mientras el Congreso sancionaba la Ley de Obediencia Debida como consecuencia de la rebelión carapintada que el teniente coronel Aldo Rico lideró contra el gobierno de Raúl Alfonsín. Esa ley impidió, en los años 80, que el comisario Miguel Etchecolatz, autor material de estos secuestros y desapariciones, enfrentara la acción de la Justicia. Tras la derogación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, y de los indultos dictados por el ex presidente Carlos Saúl Menem, en 2003 se iniciaron los juicios de lesa humanidad y Etchecolatz recibió sentencias por varios crímenes. Al ex policía se lo halló culpable junto con otros 15 represores en el juicio por los delitos cometidos en el Circuito Camps, un proceso en el que se investigó el caso de La Noche de los Lápices, además de otros crímenes perpetrados en los centros clandestinos de detención de La Plata y zonas cercanas. En el año 2006, en reconocimiento a la lucha de este grupo de jóvenes militantes desaparecidos, el presidente Néstor Kirchner envió un proyecto de ley para declarar el 16 de septiembre como Día Nacional de la Juventud pero el proyecto no prosperó en el Senado. Finalmente volvió a presentarse en 2012 y el 22 de octubre de 2014 el Congreso de la Nación aprobó la ley 27.002 que instituye el 16 de septiembre de cada año como Día Nacional de la Juventud en conmemoración a los jóvenes de la denominada Noche de los Lápices.
Masacre de Margarita Belén En la noche del 12 al 13 de diciembre de 1976 se simuló un intento de fuga de prisioneros, en las cercanías de Margarita Belén, provincia del Chaco, en el que fueron asesinados 22 presos políticos de varias organizaciones, como la Juventud Universitaria Peronista, Partido Auténtico, Juventud Peronista, Ligas Agrarias y Juventud Trabajadora Peronista, muchas de ellas ligadas a Montoneros. La veintena de jóvenes militantes políticos detenidos en la U7 del Servicio Penitenciario Federal, en la Brigada de Investigaciones y la Alcaidía Policial fueron reunidos en esta última unidad el domingo 12 de diciembre del 1976, y allí fueron salvajemente torturados. Un convoy de camiones del Ejército y patrulleros policiales los llevó luego hacia el norte, simulando un traslado hacia la ciudad de Formosa, pero al llegar a la altura de Margarita Belén fueron fusilados. En noviembre de 2014 fue identificado uno de los cuatro fusilados que se encontraban desaparecidos. La masacre de Margarita Belén fue uno de los primeros homicidios colectivos que se conocieron al concluir la dictadura militar. En 1983 se realizó una caravana hacia esa localidad para conmemorar los fusilamientos, organizada por la Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional del Nordeste. El caso fue uno de los más de setecientos tomados en cuenta en el Juicio a las Juntas, en 1985, donde se condenó a los miembros de la Junta Militar que encabezaba el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional, Jorge Videla, Emilio Massera y Orlando Agosti, quienes más tarde, en 1990, serían indultados por el entonces presidente Carlos Saúl Menem. En el año 1997 fue levantado un monumento en memoria de las víctimas de la masacre ocurrida en las inmediaciones de la localidad de Margarita Belén. Con la derogación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y la anulación de los indultos la justicia pudo nuevamente juzgar a los responsables materiales en 2010.
Primera ronda de las Madres de Plaza de Mayo En su accionar por el terror, la última dictadura cívico-militar creó la figura del “detenido-desaparecido”, personas secuestradas por grupos de tareas de las fuerzas de seguridad y que el gobierno no reconocía como detenidos. Las madres de estas personas, cansadas de deambular por distintas reparticiones y de presentar infructuosos recursos de hábeas corpus, se reunieron en la histórica Plaza de Mayo, frente a la Casa de Gobierno, el 30 de abril de 1977. La iniciativa fue impulsada por una de ellas, Azucena Villaflor de Devicenti, que propuso luchar unidas para exigir pacíficamente que se les informase el paradero de sus hijos. En sus reuniones permanecían en grupo y de pie, sin caminar, pero los policías que custodiaban la Plaza les indicaron que debían marchar de a dos, porque como el país se encontraba bajo estado de sitio, estaban prohibidos los grupos de tres o más personas. De esta manera comenzaron las marchas alrededor de la Pirámide de Mayo. Para reconocerse, comenzaron a usar un pañuelo blanco en la cabeza, que al principio era confeccionado con la tela que por aquellos años se usaba para los pañales de los bebés. Al poco tiempo, el capitán de fragata Alfredo Astiz se infiltró en el grupo de madres simulando ser Gustavo Niño, un hombre que buscaba a un familiar detenido-desaparecido. Con este alias, Astiz participaba del grupo que se congregaba en la iglesia de la Santa Cruz. El 10 de diciembre de 1977 un grupo de tareas de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) secuestró a 12 personas señaladas por Astiz –entre las que se encontraba la fundadora de las Madres, Azucena Villaflor–, que luego serían arrojadas al Río de la Plata en uno de los “vuelos de la muerte”. En el año 2005 el equipo de antropología forense identificó el cuerpo de Azucena Villaflor enterrado en una tumba sin identificación del partido de General Lavalle. Las Madres de Plaza de Mayo se han convertido en una referencia y ejemplo mundial en la lucha por los derechos humanos.
Visita de la CIDH Entre el 6 y el 20 de septiembre de 1979, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) visitó la Argentina. La visita del organismo dependiente de la OEA había sido pacientemente impulsada por varios militantes por los derechos humanos en Buenos Aires. La comisión llegó el 6 de septiembre de 1979 y comenzó a sesionar al día siguiente en la sede de la OEA, en Avenida de Mayo al 700. La comisión estuvo del 7 al 10 en Buenos Aires, del 10 al 14 en Córdoba, 14 y 15 en Tucumán, pasó por Rosario y regresó a la Capital Federal. Visitó los campos clandestinos de detención de La Ribera y La Perla, en Córdoba, y El Atlético, el Olimpo y la ESMA, en Buenos Aires, que, como se comprobó más tarde, habían sido desmantelados por los militares para evadir la investigación. Estuvieron en las cárceles de Devoto, Caseros y Rawson. Se entrevistaron dos veces con la Junta militar y con Videla; se reunieron con los organismos de derechos humanos, con las Madres de Plaza de Mayo y familiares de detenidos desaparecidos; vieron a los ex presidentes María Estela Martínez de Perón, detenida en la quinta de San Vicente, Alejandro Lanusse, Arturo Frondizi y Héctor Cámpora, que se encontraba asilado en la embajada de México. También recibieron a la Conferencia Episcopal y a los políticos Ricardo Balbín y Raúl Alfonsín (UCR), Deolindo Bittel (PJ), Diego May Zubiría y Rafael Marino (PI), Enrique de Vedia y Francisco Cerro (DC), y Simón Lázara (PSU); a los sindicalistas de la CUTA, empresarios de la UIA, CAME, Sociedad Rural y ADEBA; a la AMIA y la FUA, a la Sociedad Central de Arquitectos y las asociaciones de psiquiatras y psicólogos, al Colegio de Abogados y, en entrevistas personales, a Lorenzo Miguel, Ernesto Sabato, Jacobo Timerman y Alfredo Bravo. Abrieron tres oficinas en todo el país y recibieron 5.580 denuncias de secuestros y desapariciones, la mayoría de ellas nuevas, o sea, aparte de las casi tres mil que ya habían presentado los organismos. La comisión se fue del país el 20 de septiembre y en diciembre presentó a la dictadura un informe preliminar donde criticaba duramente la violación de los derechos humanos que existía en la Argentina y denunciaba la existencia de miles de desaparecidos. El informe final se conoció un año después en forma de libro. A pesar de que el gobierno de facto prohibió su difusión y su venta, el informe permitió que comenzaran a conocerse los horrores perpetrados por la dictadura cívico-militar. En septiembre de 2014, el gobierno argentino entregó, en la sede del organismo en Washington, las actas secretas de la dictadura militar donde se encuentra registrado el momento de su visita al país en 1979.
Estatización de la deuda privada En julio de 1982, durante la presidencia de facto del general Reynaldo Bignone, el economista Domingo Felipe Cavallo fue designado como presidente del Banco Central. Cavallo estuvo al frente del Central sólo dos meses, durante los que definió la licuación de los pasivos de los empresarios con la fijación de una tasa de interés negativa con respecto a la inflación. Así, promovió la estatización de la deuda privada a partir de la aplicación de seguros de cambio: el Banco Central acordaba con el deudor un seguro a través del cual el deudor pagaba su deuda con el tipo de cambio original al momento del endeudamiento y el Estado se hacía cargo de la diferencia resultante del tipo de cambio vigente, presa de la inflación y las devaluaciones. A partir de entonces, la Argentina aumentó su deuda externa en 15.000 millones de dólares, beneficiando así a los principales grupos económicos del país.
Guerra de Malvinas La Guerra de Malvinas fue un último intento del régimen militar de revitalizarse ante el desastre económico y social generado por el proyecto instaurado en 1976, y frente a las denuncias de violaciones a los derechos humanos que se hacían escuchar en el exterior. La guerra se desarrolló entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982 y costó la vida de 649 personas –entre ellos oficiales, suboficiales y jóvenes de 18 años que cumplían el servicio militar–, y mutilaciones y heridas a casi 1.300 combatientes, además de secuelas psicológicas que llevaron al suicidio a más de 350 ex combatientes. El 2 de abril de 1982 los argentinos se despertaron con la noticia de que las Islas Malvinas, aquel pedazo de tierra alejado al sur del país, habían sido recuperadas por un sorpresivo desembarco de tropas del ejército, como muestra de soberanía. El gobierno inglés al mando de Margaret Thatcher reaccionó enviando hacia las islas un ejército superior en número y equipamiento, y a partir de ese momento comenzó una cruenta batalla en mar y tierra. Dos meses y medio después, el 14 de junio, la guerra finalizó con la rendición de las tropas argentinas. La derrota precipitó la caída de la dictadura, que meses más tarde llamó a elecciones. El 30 de octubre de 1983 se realizaban comicios democráticos libres luego de siete años de oscuridad. Desde 2003, el Gobierno considera la “cuestión Malvinas” y el reclamo de soberanía sobre las islas como una política de Estado y, en ese sentido, privilegia la búsqueda de la reanudación de las negociaciones diplomáticas con el Reino Unido, a fin de lograr una solución pacífica a la disputa. El 2 de junio de 2014 la presidenta Cristina Fernández de Kirchner inauguró el Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur en el Espacio para la Memoria y Derechos Humanos (Ex ESMA). El edificio, que depende del Ministerio de Cultura de la Nación, es el primer museo del Estado Nacional que representa la memoria colectiva del pueblo argentino sobre las Malvinas.